Ayer se cumplió una semana de la trágica jornada vespertina en Culiacán, Sinaloa, y tal parece que lo ocurrido todavía se envuelve una espesa capa neblinosa, y lo único que permanece como realidad es la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que fue él, en última instancia, quien consintió que se dejara libre a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Lo demás, la verdad de la trágica confrontación entre integrantes del cártel de Sinaloa y efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, los primeros más en número, permanece sin precisarse. No hay una bitácora explícita y creíble.

Entre esto se incluye la fuga de 53 internos del centro penitenciario de Aguaruto, de los que cuatro más tarde entregaron y otros dos fueron recapturados.

En esta evasión, noticias preliminares aludieron a que dos celadores habían sido sacrificados.

Una versión que parecía fundamentada era que una patrulla de la Guardia Nacional fue agredida desde una casa y al entrar encontraron a Guzmán López, aprehendiéndolo.

Esto provocó de inmediato una reacción de sicarios que se hicieron presentes casi por toda la ciudad, con armas de grueso calibre y disparando a lo que encontraban enfrente.

Supuestamente esto provocó la muerte de nueve personas, entre agresores, policías y ciudadanos que tuvieron la mala suerte de estar en el centro de le refriega.

Ovidio Guzmán, parece, estuvo algo así como cinco horas, hasta que se estableció una especie de negociación en que al soltarlo, los del crimen organizado se retirarían.

Se infiere aquí que Alfonso Durazo Montaño, quien encabeza a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio su anuencia, no sin antes consultar con López Obrador.

Incluso, el presidente, supuestamente ya informado, al ser inquirido sobre los sucesos reiteró que sería el gabinete de seguridad el que aportaría detalles.

Más adelante, AMLO no rehuyó su responsabilidad y declaró que él había autorizado que se dejara en libertad a Guzmán López.

No dejó de ser importante la actitud del titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien admitió que se habían producido fallas en estrategia y previsión de lo que hubiera podido ocurrir.

Esto abrió una brecha de comentarios. Unos, considerando que el Estado había sucumbido a presiones de integrantes del cártel de Sinaloa, sin actuar, como se supone, a favor de la paz y tranquilidad públicas, con el respaldo de las fuerzas armadas.

Otros, en cambio, consideraron prudente que se hubiera establecido una especie de acuerdo, en salvaguarda de una ciudad, de sus habitantes que habían estado en el inminente riesgo de reacciones encendidas, sin piedad de incontables malhechores, dispuestos a todo, con tal de lograr su propósito.

López Obrador no ha compartido culpas, y sostiene que él autorizó el tácito alto al fuego, además de reiterar que hay otras formas de combatir la violencia, entre las que sobresaldrían el apelar a la moral, espiritualidad de quienes son hoy por hoy los que imponen sus conductas, transgrediendo los más básicos principios de respeto a los demás.

“Fuego no se combate con fuego”, ha dicho el tabasqueño y, a la luz de lo sucedido “el jueves negro de Culiacán” pareció acertado, aunque no se desea que se repita, se multiplique en otros escenarios semejantes.

La renuncia de Romero Deschamps

En las últimas semanas se avizoraba que Carlos Romero Deschamps, el omnipotente dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con más de 100 mil agremiados, estaba llegando a lo último de su gestión, prolongada durante 26 años.

El miércoles 16, finalmente presentó su renuncia al cargo, manifestando “falta de cooperación” entre trabajadores y administración, además de un escenario “nada favorable”. Y también: “Tal parece que se ha recrudecido la antigua posición de vernos como contrarios”.

Interinamente asumió la secretaría general Manuel Limón Hernández, incondicional de Romero Deschamps, quien deberá convocar a elecciones en los próximos 90 días.

Por lo que se sabe, Limón Hernández es el principal aspirante, aunque se considera a otros con posibilidades: Mario Rubiciel Ross García, del ala disidente del sindicato, y Yolanda Morales Izquierdo, dirigente del muy nuevo Sindicato Petrolero de México (Petromex).

Tras el adiós de Carlos Romero, trascendió, sin confirmación explícita, que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, había platicado con él insistiéndole que ya era momento en que dejara el poder.

Habría que recordar que Deschamps ingresó al sindicato en 1989, cuando Joaquín Hernández Galicia la Quina era el intocable líder y que a la postre cayó tras embates del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Fue cuando en 1993, Carlos Romero Deschamps arribó como secretario general, sin ya abandonar el puesto.

López Obrador mencionó: “No es una negociación. Si él quiere dejar el cargo para enfrentar su asunto, como lo hizo el ministro (Eduardo Medina Mora), igual”.

Por ahora, investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, ya salió adelante con dos amparos para que no se haga pública la deuda del sindicato petrolero con Pemex.

¿Llegará hasta ahí? Difícilmente. Algo más ciertamente se incluirá en las pesquisas.

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