Luego que recientemente la CDHEH dio a conocer el Diagnóstico penitenciario correspondiente al segundo semestre de 2017 y alertó sobre diversos problemas al interior de los penales hidalguenses

Pachuca.-

Recientemente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) dio a conocer el Diagnóstico penitenciario correspondiente al segundo semestre de 2017 y alertó sobre diversos problemas al interior de los penales hidalguenses; no obstante, para el doctor en derecho Cuauhtémoc Granados Díaz esas cuestiones no son exclusivas del estado pero para cambiarlas es necesario atender tres factores imprescindibles, mismos que describió en entrevista con este diario.

¿Qué sucede en las prisiones del estado para que existan todos estos problemas que refiere la Comisión de Derechos Humanos y cómo podrían corregirse?

“No solamente suceden en nuestro estado, es una situación demasiado compleja, pues para que la prisión como pena cumpla el fin que el artículo 18 constitucional le asigna, que es la resocialización del infractor del ordenamiento penal, se requieren establecimientos que sean acorde o exprofeso construidos para ese fin, aunado a que deben existir buenas leyes en materia de construcción de penas, lo que en México por muchos años no ha sucedido; asimismo, otro rubro importante es que se cuente con personal idóneo y suficiente.
“Por ley cada institución carcelaria debe contar con un comité técnico interdisciplinario, lo cual en México por décadas no ha sucedido, porque esto se dio apenas con la reforma constitucional de junio de 2008, cuando entró en función la figura del juez de ejecución de penas; entonces, un condenado debe ajustarse al tratamiento que debe suministrarle personal capacitado, lo que quiere decir que a raíz de la reforma, por ley las instalaciones deben ser adecuadas y el personal el idóneo.”

Y si la ley lo indica, ¿por qué las instalaciones no son las adecuadas?

“Porque ha sido un rubro que por décadas fue abandonado, no solo por el Estado mexicano, sino por todas las sociedades; al interior de las prisiones está un sector pobre dentro de los pobres, que no ejercen el derecho al voto, entonces ha sido un sector relegado, y a eso le sumamos que a la institución carcelaria llegó un fenómeno que se da en la sociedad que se llama estratificación, pues aun tratándose de una prisión, hay tratos diferenciados por personas que tienen alguna injerencia política o económica, y esto es algo que suele ser inevitable.
“En Hidalgo, por ejemplo, hay 12 centros de reinserción social, de los cuales solamente dos tienen construcción exprofeso y ya muy antigua, estamos hablando que son construcciones que ya casi cumple los 50 años, son instalaciones con los drenajes saturados, con las tuberías hidráulicas tronadas, con áreas de dormitorios que ya han sido rebasadas, con edificios que tienen cierta temporalidad y cuando esta llega a su fin es necesario reemplazarlos, pero esto es muy costoso y es muy complejo.”

¿Es verdad que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal contribuyó a disminuir la sobrepoblación en los penales?

“Sí, de hecho deben estar en prisión solamente las personas que lo ameriten, tanto procesados como condenados, pero al nivel de pena puede darse la justicia restaurativa, pueden elaborar convenios en situaciones no graves en las que se permita que los condenados hagan planes para reparar los daños y tener menos personas recluidas, es una posibilidad que abre el nuevo sistema y ayuda en ese aspecto.”

Y en el tema de los autogobiernos, ¿considera que existen soluciones?

“Claro, el primero es que el personal que administra los Ceresos sea suficiente, que esté bien capacitado y que en los reclusorios exista la división que por ley debe tenerse; la Constitución establece que deben estar separados hombres y mujeres, procesados de sentenciados, además existe un régimen de justicia para adolescentes y la ley ya contempla algunos beneficios para las personas adultas mayores que purgan una pena, entonces, en la medida en que se tengan esos espacios suficientes y el personal capacitado, podrá cumplirse con el fin asignado a las prisiones y evitar esos vicios y otras situaciones que no deben darse en los penales, como motines, fugas, suicidios, riñas e incluso homicidios.”

Y ¿cómo podría atacarse la corrupción al interior de las cárceles?

“Pueden hacerse muchas cosas, pero en Hidalgo quizá no sea tan grande ese problema como en las prisiones de la Ciudad de México, donde el hacinamiento es realmente alarmante y los internos deben pagar por una mejor instancia, tratos privilegiados o por tener objetos que no están permitidos, como teléfonos; entonces, en la medida en que se tenga el personal suficiente eso también irá desapareciendo, además que anteriormente existía una falta de normatividad que ya no hay.”

¿En qué sentido comenzó a darse esa normatividad?

“En México el primer código penal que se da es de 1871 y la primer ley de ejecución de penas que debió darse a la par se promulgó 100 años después, en 1971, lo que es una gran anormalidad, pues por mucho tiempo no existió una ley de ejecución de penas, hasta hace dos años con el actual Gobierno federal cuando se promulgó una ley nacional de ejecución penal, donde se da intervención a la figura del juez de ejecución y se reparten funciones del comité técnico interdisciplinario, el cual debe existir por ley en todo centro de reclusión.”

En ese sentido, ¿cuál es la función de los comités técnicos interdisciplinarios?

“Estas áreas deben dar seguimiento a la situación jurídica de todo condenado, debe existir un médico que se encargue de la historia clínica de toda persona que ha tenido una condena, sobre todo si tiene adicciones, pues uno de los ejes de la reinserción social es la salud; además, debe haber un área de psicología, una de psiquiatría, un área educativa y todas estas deben evaluar a los internos para suministrarles un plan personal de reinserción que en su momento se remitirá al juez de ejecución.
“Esto ahora en México es incipiente, sin embargo, por ley tendrá que cumplirse porque ya es un mandato constitucional, lo señala la ley nacional de ejecución penal, debe existir un tratamiento individualizado porque llegado su momento todo interno pedirá un beneficio y la ley los contempla, para quienes llevan cierto porcentaje de reclusión, pues tienen derecho a la defensa técnica aún en etapa de ejecución, lo que antes no existía, entonces los condenados van a solicitar sus beneficios legales y obviamente deben contar con ese plan personalizado para que lo conozca el juez.”

¿Existen países que ya apliquen este tipo de sistema y les funcione?

“De hecho México es de los últimos, los países adelantados han adoptado este sistema desde hace décadas; en Estados Unidos tienen más de 100 años con esta ley de ejecución de penas y en algunos países les ha dado tan buenos resultados que ya casi no tienen personas en reclusión, como el caso de Holanda donde están cerrando las prisiones.”

Entonces, ¿podríamos decir que vamos por buen camino?

“Sí, pero si se aplica correctamente, además, algo que debemos privilegiar y que no se ha hecho es la reparación del daño, porque antes de que se busque liberar a internos también hay que poner atención a un sujeto del drama penal que se ha tenido relegado en México, que son las víctimas.”

Finalmente, ¿cuánto tiempo cree que le tome a México igualar a esos países?

“Es algo que no se puede precisar, pues en México hay muchas prioridades antes de la atención al sistema penitenciario, pero en teoría no debería tardar en demorar porque por ley es algo que ya debe estar funcionando correctamente. Sin embargo, algo muy favorable es que se haya promulgado un nuevo código nacional de procedimientos penales, así como una la ley de ejecución de penas nacional, pues antes, cada quien tenía su propia ley, pero esta nueva legislación permite que muchos protocolos se apliquen al mismo tiempo en todos los estados y a raíz de eso se contrataron en los penales más psicólogos, más psiquiatras, más especialistas; entonces creo que este tiende a mejorar.”

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