En todo el mundo vivimos una terrible pandemia conocida como coronavirus (Covid-19), sin embargo, en México desde principios del presente siglo vivimos una creciente epidemia crónica de violencia.

Antecedentes y diagnóstico

. Cuando se dio la alternancia en México con Vicente Fox, la administración del delito se perdió totalmente, a partir de entonces gradualmente se incrementó el fenómeno delictivo, con el derrumbe de las torres gemelas en Nueva York en 2001, surgió incipientemente lo que hoy se conoce como narcomenudeo. Estados Unidos fortaleció la seguridad de su frontera sur y las drogas de abuso que ingresaban por esa vía, se empezaron acumular en México, obligando a la delincuencia organizada a comercializarla en pequeña escala en nuestro país. México cambió de ser un país de paso a un país de consumo y producción de drogas.

Así fue como empezó la lucha por la posesión de la plaza, para la venta de drogas de abuso al menudeo, por parte de la delincuencia organizada, acrecentándose con ello la violencia. Lo más grave vino cuando en la administración de Felipe Calderón se decidió aplicar una “política criminal violenta” supuestamente para disminuir el fenómeno delictivo, la famosa “guerra mexicana contra las drogas” donde se confrontó al ejército contra la delincuencia organizada. El ejército fijó 200 blancos criminógenos para su captura, atomizando a la delincuencia organizada. De seis cárteles que existían en 2006 y muy contados grupos de la delincuencia organizada hoy existen ocho y por lo menos 300 grupos de delincuencia organizada, quienes luchan encarnizadamente por el dominio territorial, victimándose entre sí y consecuentemente aumentando exponencialmente el delito y la violencia.

Hoy es muy común encontrar en las calles cuerpos sin vida, torturados, mutilados, semicalcinados, colgados, embolsados, encajuelados. Pero también muy frecuentemente la desaparición de personas. El 80 por ciento de los homicidios dolosos y gran parte de las desapariciones tiene que ver con la lucha intestina de los grupos de la delincuencia organizada.

Los delitos de alto impacto aumentaron, la extorsión, por ejemplo, del 2006 al 2019 se incrementó 272 por ciento, el secuestro 302 por ciento; el robo de vehículos con violencia 217 puntos porcentuales y el homicidio doloso 286 por ciento, este es el indicador más preciso para medir la violencia. En ese mismo periodo se denunciaron en México 224 mil 824 homicidios dolosos.

Las expresiones de la criminalidad en los últimos 15 años se han modernizado y diversificado, existen hoy: la extorsión telefónica o de piso, la postextorsión, el secuestro exprés, los homicidios por rivalidad. El robo y venta ilegal de hidrocarburos, el tráfico ilegal de armas, las desapariciones, explotación de la condición humana (explotación sexual, trata de personas), narcomenudeo, tráfico ilícito de recursos naturales, tráfico ilícito de migrantes, robo en vías férreas. Robo de los derechos de autor mejor conocido como piratería, delitos cibernéticos, entre otros.

Ese tipo de delitos los ha innovado la delincuencia con el propósito de allegarse de más recursos. Generándose lo que se le conoce como la industria ilegal del delito.

Sistema de justicia Ante este desmesurado crecimiento de la criminalidad, el Estado mexicano ha tenido como respuesta para tratar de disminuir la violencia, una serie de reformas constitucionales, las más trascendentes del presente siglo, pues ante el desgaste del modelo jurídico penal que solo fortaleció la impunidad (94.

1 por ciento según México evalúa,) se dio a conocer “La reforma del sistema de justicia penal acusatorio adversarial” en el año 2008, después de ocho años empezó a operar obligadamente en todo el país en 2016. En 2011 se le dio vida a la reforma constitucional de los derechos humanos, mediante la cual se estableció el respeto a los derechos humanos como una obligación para todas autoridades.

Finalmente, en 2016 entró en operación el actual sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Mediante el cual se pretende esclarecer científicamente el hecho delictivo; proteger a los inocentes; proceder para que el culpable no quede impune y que los daños se reparen. No debemos de omitir la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, La Ley General de Víctimas. Ley de Amparo. La Ley de la Guardia Nacional, las recientes reformas al artículo 19 constitucional, la creación autónoma de la Fiscalía General de la República, La Ley de Amnistía, entre otras.

Pero hasta la fecha las cifras del actual sistema penal siguen siendo las mismas que las del anterior sistema penal inquisitivo. Para el 2018 todas las denuncias penales que se iniciaron, 3.9 por ciento se vincularon a proceso, de estas 1.4 por ciento se resolvieron por soluciones alternas, 0.4 por procedimiento abreviado y 0.

27 se resolvieron en un juicio oral, de acuerdo con México evalúa. Actualmente existe rezago y sobrecarga de trabajo en las agencias del Ministerio Público, pues no hay suficiente número de ministerios públicos, pero tampoco de jueces y además la investigación delictiva se hace de manera particular y no desde una estrategia de persecución penal.

Covid-19 Ante estas circunstancias llega la pandemia del Covid-19 y genera una revolución, por principio la demanda de los servicios de seguridad, procuración y administración de justicia se siguen solicitando, pero ahora más de manera virtual, porque hay una contingencia sanitaria. Las policías ampliaron sus funciones en apoyo a la contingencia epidemiológica. La delincuencia organizada implementó una estrategia con la entrega de víveres a la población económicamente débil. La violencia sigue en aumento particularmente la violencia familiar por el confinamiento y desempleo, subieron las denuncias penales de febrero a marzo en 2020 un 27 por ciento, la trata de personas 86 por ciento, el robo a transeúntes con violencia en espacios abiertos 26 por ciento, el homicidio doloso 13.5 por ciento.

Las consecuencias económico sociales serán catastróficas por lo que seguirá en aumentó la incidencia delictiva y el modelo de seguridad pública quedará rebasado por lo que migraremos a un modelo de seguridad humana.

Conclusiones

1. Los servicios de seguridad, procuración y administración de justicia siguen siendo demandados, incluso en algunas áreas aumentaron, pero ahora con una modalidad, deberán ser “de atención digital”.

2. La policía aumento sus funciones en apoyo a la contingencia sanitaria.

3. La violencia sigue en ascenso así lo dicen las cifras, particularmente la violencia familiar, y los delitos patrimoniales.

4. La delincuencia organizada en algunas entidades ha utilizado esta contingencia para apoyar a la población vulnerable con el propósito de aumentar su base social. Sin que ninguna autoridad haga algo.

5. El impacto socioeconómico será enorme, por lo tanto, se incrementará más la inequidad en la distribución de la riqueza y aumentará la incidencia delictiva así como la violencia.

6. El modelo de seguridad pública en México está siendo rebasado, por lo que se requerirá de un modelo de seguridad humana aunado a un enfoque económico-sanitario como lo ha señalado atinadamente el investigador de la universidad de Columbia Edgardo Buscaglia, que permita hacer frente a contingencias como la del Covid-19.

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