Hace unos días se publicó en nuestra sección editorial un artículo de opinión, “Sistema penal y derechos humanos”, al que uno de nuestros lectores hace una serie de observaciones pertinentes desde su especialidad y dominio del tema. En el afán de contribuir y abundar me hizo llegar la petición de hacer pública una serie de precisiones para el conocimiento del público lector de este diario. Sin duda, esta retroalimentación contribuye a enriquecer la calidad de este medio y fortalece la tarea de la recepción crítica que intenta este espacio.
Dentro de las correcciones del texto mencionado, publicado el 13 de febrero de 2017, señala que “se mezclan temas distintos, entre ellos el principio pro persona (pues el autor) afirma que: ‘Se recoge el instituto de la interpretación pro personae, que rige la creación, interpretación y aplicación de normas. Integra un conjunto de principios que da rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos con lo cual se encuentran en un mismo nivel jerárquico…”
No hay que confundir el principio pro persona con la jerarquización de los tratados respecto a la Constitución, son dos cosas completamente distintas; ni señalar que rige la creación de normas.
El principio pro persona se refiere a la protección más completa de los derechos humanos en cuanto a la aplicación de normas (de ninguna manera se refiere a la creación de normas), ya sea que estén contenidas en el ordenamiento jurídico de un Estado o bien en un tratado internacional ratificado por dicho Estado.
En el caso del Estado mexicano, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en el artículo primero se establece que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Esto es a lo que se refiere el principio pro persona, la aplicación de las normas que favorezcan a las personas, ya sea que estén contenidas en la Constitución, o bien, en los tratados de los que “el Estado mexicano sea parte”. De ninguna manera confundir con la jerarquía de los tratados con respecto a la Constitución.
Desde la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se estableció en el artículo 133 que: “Esta Constitución […] y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma […] serán la Ley Suprema de toda la Unión”. Es decir, para que un tratado pueda ser celebrado deberá estar acorde con la Constitución, por lo que los tratados, independientemente de la materia de que se traten, están en un segundo plano respecto a la Constitución, como ya lo señalaran algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien, en la conferencia dictada en julio de 2014 en esta ciudad de Pachuca, puntualizara que en la jerarquía prevalece la Constitución sobre los tratados internacionales, aun siendo en materia de derechos humanos.
O como lo señalara el ministro José Ramón Cossío Díaz durante la conferencia magistral dictada en abril de 2013, haciendo alusión a su propia experiencia: “No tuvimos un entrenamiento en materia de derechos humanos […] Entonces, ¿dónde vimos derechos humanos? No, nunca vimos derechos humanos; ahora empiezan los procesos para enseñarnos derechos humanos, yo creo que con muchos problemas; uno, no entendemos los derechos humanos dentro del sistema de fuentes del derecho internacional, yo creo que esta es una gravísima deficiencia, vemos los derechos humanos como cosas aisladas, tampoco entendemos la inserción del derecho internacional dentro de los órdenes jurídicos nacionales”. El ministro hizo referencia al caso mexicano, y señaló las confusiones y errores que causan la falta de conocimiento respecto de los derechos humanos.
En este objetivo se da cabida a la petición de que se publiquen estas correcciones para “que los lectores no recibamos información errónea, suposiciones sin fundamento, ni conocimiento, que provoca confusión”.

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Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.