Jorge Zepeda Patterson

Ahora ya entendemos de qué se ríe Javier Duarte en las fotos que circularon hace 16 meses cuando era conducido por policías guatemaltecos a su primera celda. Una risa burlona y despectiva dirigida a los camarógrafos, y en realidad a la opinión pública. Sabía algo que nosotros desconocíamos en ese momento, por más que los más escépticos podíamos intuirlo; su aprehensión era una puesta en escena perfectamente orquestada para blindarlo a él y a su familia.

Desde el momento en que salió la orden de aprehensión, Duarte no intentó esconderse ni fugarse. Simplemente se fue a un resort de lujo en Guatemala a esperar a que fueran por él. Por razones jurídicas, para él y sus padrinos era importante no ser detenido en territorio mexicano. Los tratados de extradición exigen que el sujeto sea únicamente procesado por los delitos argumentados por el país peticionario, es decir, México.

La estrategia entonces se hace muy sencilla: fincarle una acusación grave con las pruebas apenas suficientes para que Guatemala acceda a detenerlo y entregarlo, pero asegurándose de que a la postre se trate de una acusación insostenible o difícil de demostrar.

Eso permite dos cosas: por un lado, que el proceso se desplome más temprano que tarde y se diluya en una acusación menor. Como es sabido, la PGR informó en días pasados que se desistía del señalamiento de delincuencia organizada y lo rebajaba por el de asociación delictuosa. El primero es castigado con penas muy severas, el segundo con no más de 10 años de cárcel, en el peor de los casos.

En teoría, además, es un delito que, a criterio del juez, el detenido puede enfrentar en libertad hasta que se dicte sentencia (ha sido tal la indignación de la opinión pública ante el anuncio de la PGR que es probable que el juez se lo piense dos veces antes de liberarlo durante el proceso).

La segunda razón para irse a Guatemala y obligar a la extradición es aún más significativa. El llamado “principio de especialidad” de los acuerdos internacionales de intercambio de criminales: en ellos se establece que el delincuente, cuya extradición es concedida, no puede ser juzgado por ningún delito distinto de aquel que precisamente motivó su extradición. Eso hará muy difícil que el exgobernador sea procesado por los muy probables crímenes cometidos.

Y eso no es poca cosa. Según sus detractores, Javier Duarte utilizó el poder de manera tan arbitraria y salvaje que pocos delitos del Código penal quedaron vírgenes en su gobierno.

Con la pantomima guatemalteca, el político veracruzano está blindando su porvenir. Como el paciente que acepta la gripe que le provocará la vacuna con tal de quedar indemne de una enfermedad mortal.

Los análisis a la administración de Duarte sugieren un desvío probable de 180 mil millones pesos. Imposible saber cuántos de esos fueron a parar a sus manos, pero las planas obsesivas de su señora esposa repitiendo “merezco la abundancia” nos permiten suponer que no fueron pocos. Él y los suyos quedaron forrados para un lapso de varias generaciones. Pasar dos o tres años en la cárcel y quedar blindado para gastarse lo mucho que no podrán quitarle, es un sacrificio por demás aceptable.

Se me dirá que si lo iban a soltar, para qué hacer la faramalla de detenerlo. Pero la respuesta es obvia. Primero, porque la llegada al gobierno de Veracruz de Miguel Ángel Yunes, su enemigo personal, provocó que se ventilarán todos sus desmanes para escándalo del país entero. Una factura política demasiado alta para el PRI ante la inminencia de las elecciones presidenciales. Su detención pretendió manejarse como un acto de contrición del partido y muestra del supuesto compromiso de Peña Nieto en contra de la corrupción.

Políticamente venía de perlas. Y segundo, porque de esa manera, y a pesar de Yunes, se le ofrecía a Duarte el blindaje de protección ante futuras acusaciones.

Se da por sentado que una porción del desvío de dinero por parte de los gobernadores denunciados (Roberto Borge y César y Javier Duarte) fueron canalizados a campañas electorales del PRI. Las pruebas que ellos puedan tener incriminarían a funcionarios y políticos federales. Esa es la protección que los gobernadores esgrimen para negociar su impunidad o procesos favorables como el que ahora enfrenta el exgobernador de Veracruz.

Ahora entendemos de qué se ríe Javier. Tiene apenas 46 años y seguramente algunas décadas de vida por delante para vivir, literalmente, a cuerpo de rey.

@jorgezepedap
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