Debe Segob renta de edificio sin uso

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Con los intereses, la deuda ya rebasaría 21 millones de pesos

VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

La Secretaría de Gobernación (Segob) tiene que pagar al menos 15.4 millones de pesos más intereses moratorios por la renta de un edificio que alquiló en 2012, pero que nunca ocupó.
Un tribunal federal confirmó en definitiva sentencias dictadas por jueces locales de arrendamiento inmobiliario, que condenan a la dependencia a pagar 41 meses de renta a la empresa Bucaprim Inmobiliaria, más intereses de 9 por ciento anual.
Con los intereses, la deuda ya rebasaría 21 millones de pesos si Gobernación no ha hecho algún pago, y Bucaprim podría demandar más rentas, pues las sentencias cubren el periodo abril 2012 a enero de 2016.
Gobernación ha intentado llevar el caso a la Suprema Corte, sin embargo sus recursos han sido desechados por improcedentes, el más reciente en enero pasado.
Se trata de un edificio de seis pisos ubicado en Bucareli 107 esquina con General Prim, en la colonia Juárez, de la Ciudad de México, a un costado de la sede central de Gobernación.
Según el contrato de arrendamiento tiene 2 mil 528 metros cuadrados de oficinas y 20 lugares de estacionamiento. La renta mensual se fijó en 336 mil 400 pesos.
La Segob no usó el edificio porque, luego de revisiones posteriores a la firma del contrato, concluyó que por vicios ocultos se requerían 16.2 millones de pesos para que se pudiera utilizar, monto mayor al pactado con Bucaprim para invertir en remodelaciones.
El problema fue que la dirección general de recursos materiales de la dependencia, entonces a cargo de René Roque Diego, se limitó a emitir un oficio el 30 de abril de 2012 en el que notificaba a la inmobiliaria la conclusión unilateral del contrato con fecha del 9 de mayo de ese año.
“No bastó que le haya hecho del conocimiento a la arrendadora la terminación anticipada, ya que en términos de la cláusula 12, Gobernación estaba obligada a dar aviso con 60 días previos a la arrendadora de tal decisión”, afirmaron tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como el quinto tribunal colegiado en materia civil.
En sus apelaciones más recientes, Gobernación no ha ocultado su molestia.
“El arrendador dolosamente en lugar de tomar posesión de su inmueble insiste de mala fe en generar demandas con el objeto de obtener un lucro indebido, lo cual no sería trascendente, siempre que las autoridades judiciales se colocaran en forma imparcial y resolvieran conforme a derecho”, afirmó.

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