Deben entidades paraestatales garantizar sistemas de evaluación

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EVALUACION

Pachuca.-

Los titulares de los organismos descentralizados del gobierno estatal deberán garantizar sistemas de evaluación y monitoreo de resultados del gasto público en función de sus objetivos, programas, proyectos y metas aprobadas, apunta el reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales.
En la edición del 2 de abril del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el gobierno estatal publicó el ordenamiento que tiene por objeto reglamentar la Ley de Entidades Paraestatales, en lo referente a la constitución, organización, funcionamiento, coordinación, control y desincorporación de las entidades paraestatales.

Lo anterior, forma parte de la tercera etapa del redireccionamiento que realizó la actual administración al inicio de sus funciones, en el que buscan revisar el accionar de los 65 organismos descentralizados y fideicomisos, mismos que ejercen 60 por ciento del presupuesto, para evitar la duplicidad de funciones y los retrabajos.
De acuerdo con el reglamento, en el capítulo tres referente a los titulares de las entidades paraestatales, expone que deberán: “garantizar sistemas de evaluación y monitoreo de resultados del gasto público en función de sus objetivos, programas, proyectos y metas aprobadas de conformidad con los lineamientos emitidos por la unidad”, entre otras 21 obligaciones.

El documento también regula las funciones del vínculo institucional en los organismos no sectorizados; además, precisa el procedimiento para la creación y desincorporación de las entidades paraestatales; crea la CIREEP (Comisión Intersecretarial para la Rectoría del Ejecutivo en las Entidades Paraestatales) encargada de dictaminar el cumplimiento del objeto y el valor público de las mismas para su creación o desincorporación.
Asimismo, regula el registro público de las entidades paraestatales, a efecto de tener un control y seguimiento a la creación y modificaciones de estas.

  • La publicación del reglamento
    forma parte de la tercera etapa del redireccionamiento que realizó la actual administración al inicio de sus funciones, en el que buscan revisar el accionar de los 65 organismos descentralizados y fideicomisos

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