La buena voluntad colectiva motivada por los temblores ocurridos en septiembre quedó atrás, un mes después nuestras vidas están instaladas en la normalidad; las personas heridas así como las vidas perdidas que llenan los espacios noticiosos de los periódicos nos refieren a muertes violentas a cargo de otro ser humano.
La normalidad aterrizó abruptamente en mi vida docente cuando una alumna se acercó para pedir mi ayuda; ella en las últimas semanas ha llegado tarde a su clase de las siete de la mañana, mi primer pensamiento fue asociar su tardanza a la pereza de levantarse temprano, luego de escuchar su explicación me obligó a darme cuenta que la vida normal antes de los temblores había retornado a nuestras vidas.
Ella se niega a salir temprano de su casa a menos que tenga alguien que la acompañe a la parada del transporte público, ella vive con su familia en una colonia popular, cuyas calles oscuras y solitarias hacen presa fácil de la delincuencia a los transeúntes. La situación se agravó cuando una muerte femenina ocurrió en esa colonia, sin que hasta el momento hayan atrapado al o los culpables, tal como ocurre en otras partes del país, solo que en este caso la ciudad de Pachuca es presentada por los y las gobernantes como lugar tranquilo.
En pocas palabras, ella, una mujer joven estudiante, cuyos horarios la obligan a transitar temprano, tiene miedo de salir de su casa para caminar por calles oscuras de su colonia; su propia madre, quien sale más temprano de su casa, lo hace porque pudo arreglar que alguien pase por ella a las cinco treinta de la mañana.
Sabemos y vivimos el ambiente de inseguridad del país, ya no es asunto exclusivo de las ciudades del norte o de los estados donde el crimen organizado se instaló como poder paralelo; en el presente, la inseguridad nos alcanzó a todos, solo que las mujeres somos las más afectadas, especialmente cuando los recursos individuales no alcanzan para tener auto propio o para negociar horarios de trabajo o de escuela que coincidan con la luz del día; la situación se agrava cuando los servicios públicos como alumbrado y seguridad pública no se cumplen, peor aún, cuando la impunidad se instaló como realidad cotidiana, porque cualquiera que cometa un delito y sea descubierto, y luego atrapado, no significa que sea castigado.
El miedo que embarga a las mujeres a transitar por el espacio público, especialmente en la calle, tiene edad y clase social, empecemos con la edad, hasta el momento la mayor cantidad de mujeres asesinadas, desaparecidas o agredidas son mujeres jóvenes menores de 30 años, quienes por asuntos laborales u escolares se vieron en la necesidad de irrumpir en los espacios públicos, como la calle, el transporte público colectivo o servicio de taxis, porque sus recursos no les permiten tener su propio auto que las sustraiga de esas zonas de riesgo para trasladarse de un lugar a otro, incluso para ir a la escuela.
La inseguridad que las mujeres sentimos al transitar nos remite a los “espacios” femeninos que impone el sistema patriarcal, el patriarcado es un sistema de organización que reconoce a los varones como la autoridad para determinar el cómo hacer, dónde hacer y quién hace las cosas, por ello es común que los hombres promedio tengan incorporado como su derecho el irrumpir a las mujeres en la vía pública, o determinar que las mujeres de su familia soliciten permiso para hacer las cosas.
Lamentablemente, la inseguridad nos hace retroceder como sociedad en las relaciones equitativas de género, incluso para las mujeres privilegiadas que acuden a la universidad.

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