Demanda Coparmex certeza jurídica en intervención de Fuerzas Armadas en seguridad

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Pachuca

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Hidalgo llamó a la Cámara de Diputados para que discuta y enriquezca la iniciativa en materia de seguridad pública que fue aprobada por el Senado, además de que ambas cámaras trabajen en el marco normativo de la actuación de las Fuerzas Armadas en la estrategia de combate a los altos índices de criminalidad.
Así lo expresó su titular Sergio Baños Rubio, quien recalcó que en diversos estudios sobre los problemas que más preocupan a los mexicanos se observa que la inseguridad es una de las principales inquietudes.
En ese contexto, destacó que un aspecto central de la estrategia de lucha contra la inseguridad será la nueva normativa para la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Por lo anterior, dijo, el organismo empresarial considera preciso brindar certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública, así como los protocolos de entrada y salida cuando sea necesaria su intervención en esas tareas a petición de gobiernos estatales.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizó mediciones que indican que 71.4 por ciento de la población considera que vivir en su ciudad de residencia es inseguro, tal y como se aprecia en la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, indicó.
A su vez, abundó, el clima de inseguridad afecta a la economía, como lo revela la Encuesta de Victimización de Empresas 2015 de Inegi, que da cuenta que de 4.5 millones de unidades económicas establecidas en México, 1.6 millones fueron víctimas de un delito, es decir, 35.5 por ciento de los negocios fue afectado por la delincuencia.
En esta crisis de inseguridad, en los últimos años ha sido invaluable la tarea que efectúan las Fuerzas Armadas para frenar los intentos de grupos criminales de extender sus zonas de influencia.
Por lo anterior, la Coparmex manifestó que la estrategia para crear el nuevo instrumento jurídico que regule la participación del Ejército y de la Armada en las tareas de seguridad debe considerar cuando menos 10 puntos básicos.

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