Demanda Coparmex que ley de mejora regulatoria sea iniciativa preferente

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Pachuca.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Hidalgo solicitó al Ejecutivo federal que la Ley General de Mejora Regulatoria sea iniciativa preferente, luego que la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en las Empresas (ENCRIGE) dio a conocer que en la entidad 11.9 por ciento de las unidades económicas consideraron que el marco regulatorio representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios durante 2016.

La encuesta también indicó que 38.3 por ciento de las empresas consideró que las cargas administrativas para cumplir con el marco regulatorio fueron mayores, o bien, siguieron igual de pesadas con relación a las de 2015.

Asimismo, 77.2 por ciento, es decir, casi ocho de cada 10 unidades económicas, percibió que los actos de corrupción por parte de servidores públicos fueron “muy frecuentes” o “frecuentes” durante 2016.

En tanto, 693 de cada 10 mil unidades económicas que realizaron trámites durante 2016 experimentaron al menos un acto de corrupción.

En la comparativa entre los datos del estudio Doing Business México 2016 y la reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se aprecia una correlación directa entre la baja calidad de la regulación y los altos niveles de corrupción existentes.

Datos del Doing Business indican que en Hidalgo se requieren en promedio ocho trámites para abrir un negocio y 29.5 días para realizarlos.

En ese contexto, el presidente de la Coparmex en la entidad Ricardo Rivera Barquín destacó que los índices del Instituto Mundial de Competitividad y del Foro Económico Mundial demuestran que aquellos países con mayor calidad regulatoria tienen mejores índices de desarrollo y productividad.

“Hablamos de una circunstancia en la que las entidades generadoras de empleo y detonantes del desarrollo económico, que son las empresas, deben realizar trámites deliberadamente complejos y engorrosos, advertencias de retrasos injustificados y sugerencias implícitas de no emitir las autorizaciones para la apertura de negocios, es decir, enfrentan amenazas sutiles y en ocasiones explícitas de ser objeto de prácticas de corrupción y de extorsión”, expuso.

Estos, continuó, han sido temas que en Coparmex desde lo nacional y lo local han señalado puntualmente ante instancias de gobierno, como lo son la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Secretaría de Economía.

El presidente de la República emitió el 8 de marzo un acuerdo para la desregulación administrativa, conocido como 2×1, con la intención de que al menos en el gobierno federal cada nueva regulación traiga como consecuencia un mejora y represente ahorros tangibles en tiempo y dinero a los ciudadanos y empresas, al ser precedida de la desactivación de otras normas que impliquen costos de cumplimiento mayores. Estamos en espera de los primeros frutos de esta disposición, puntualizó.

A su vez, el 5 de febrero, en el marco del centenario de la Constitución, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de mejora regulatoria, la cual señala un término perentorio de 180 días para que el Congreso de la Unión emita la Ley General de Mejora Regulatoria; ese plazo vence el 7 de agosto.

“Por ello, ante el próximo vencimiento del plazo establecido para la emisión de la Ley General de Mejora Regulatoria y el inminente incumplimiento del Congreso de la Unión de sus deberes constitucionales, desde la Coparmex solicitamos al presidente de la República que haciendo uso de su facultad constitucional envíe al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, con el carácter de iniciativa preferente, la iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria, de tal forma que el Poder Legislativo atienda con inmediatez la implementación de la reforma constitucional”, recalcó.

Rivera Barquín hizo notar la urgencia de que los actores políticos entiendan la necesidad de una mejora regulatoria integral que permita optimizar la competitividad, incrementar la productividad, fomentar la inversión y disminuir las prácticas de corrupción.

Para Coparmex, la Ley General de Mejora Regulatoria deberá contener, cuando menos, elementos como: un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios; creación de un observatorio ciudadano de mejora regulatoria; implementación de un mecanismo de atención eficaz y expedito a la queja ciudadana; padrón nacional de verificadores; homologación de criterios de verificación; informe previo de regulaciones a modificar; expediente único en todo el país para la realización de trámites, entre otros.

“A nuestro país le urge un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria que impulse más y mejores empresas para México”, recalcó.

El 5 de febrero
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en la materia, la cual señala un término perentorio de 180 días para que el Congreso de la Unión emita dicha legislación; el plazo vence el
7 de agosto

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