Pachuca.- Influyentismo en la clausura del establecimiento Tía La Borolas por parte de Erika Molina, exconcesionaria de la plaza de toros y pareja del empresario José Saade, denunciaron los afectados a este medio, quienes omitieron dar a conocer su identidad.

En entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo los quejosos explicaron que Molina rentaba la licencia de funcionamiento y el mobiliario para operar el establecimiento, ubicado en la plaza de toros Vicente Segura, desde hace dos años.

El trato transcurría sin problemas, hasta que mediante un aviso indubitable, la mujer revocó el contrato correspondiente e incluso les pidió el local; no obstante, este último no fue devuelto debido a que no es de su propiedad, sino que está al resguardo de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo.

“Ella (Erika Molina) rentaba el mobiliario y la licencia de funcionamiento sin ningún problema, pero el detalle fue que nos dijo que quería renovar el contrato e incluso nos pide el local, en ese caso no accedimos a su demanda, únicamente le dijimos que del mobiliario y la licencia pasará por ellos cuando quisiera”, explicaron los afectados.

Sin embargo, agregaron que en realidad Molina busca la posesión del local, “pues de buena fuente sabemos que se supone que la quería para tener el local para la feria”.

Por lo anterior, haciendo uso de sus influencias y relaciones personales, “nos echaron a los de reglamentos, porque su pareja es José Saade y tiene parentesco con el señor Daniel Ludlow”.

Narraron que, ante el hecho, los socios del establecimiento ya habían adquirido otra licencia de funcionamiento y estaban en trámite del cambio de domicilio de la misma para continuar con la operación en regla del restaurante.

No obstante, el 18 de septiembre al local arribó personal de la dirección de reglamentos y espectáculos. Los inspectores, como parte del procedimiento, solicitaron la licencia de funcionamiento, misma que no tenían puesto que el trámite estaba en la oficina antes referida en espera de una resolución, misma que al momento de la inspección no había sido entregada.

Por lo que fue levantada un acta por la falta del documento, así como incumplimiento del reglamento interno de protección civil y póliza de seguro.

“El negocio recibió un plazo de cinco días para cumplir, solventamos lo de protección civil, la póliza de seguro, pero lo único que no pudimos solventar fue lo de la licencia porque está en la oficina de reglamentos y eso se notificó por escrito”, externaron.

Aunque el miércoles fueron ingresados todos los documentos requeridos en tiempo y forma, al filo de las 18 horas de ese mismo día los empresarios recibieron un citatorio que les avisaba que recibirían una resolución, misma que fue la clausura y que fue formalizada el 26 de septiembre.

De lo anterior, los afectados acusaron que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades, “pues aún no vencía el término y ya nos estaban citando, es decir, reglamentos resolvió al día siguiente sin revisar la documentación presentada.

“Nos citaron a las 6 y llegaron 6:30, son varias irregularidades en el proceso, pero aun así ellos llevaban la consigna de clausurar y nos dijeron que si nos rehusábamos iban a mandar a la fuerza pública, cosa que así fue”, refirieron.

También cuestionaron el hecho de que el abogado de Erika Molina, quien tiene a su cargo el proceso, “un hombre de apellido Campero” sea funcionario de la Secretaría de Turismo.

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