Managua.-
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer que el material obtenido, durante su trabajo de campo, evidencia “graves violaciones de derechos humanos” con “al menos 76 personas muertas” en Nicaragua.
La comisionada detalló que el resultado del uso de la fuerza, aparte de provocar decenas de muertos y centenares de personas heridas, generó detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; así como censura y ataques contra la prensa; y otras formas de amedrentamiento.

De acuerdo con la información obtenida por la CIDH, desde el comienzo de la crisis sociopolítica, “hubo al menos 76 personas muertas y 868 resultaron heridas, en su gran mayoría en el contexto de las protestas”, además de 438 detenciones.
“La CIDH condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de los estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha”, aseguró la organización en un comunicado de prensa.

El ente se refirió al uso desproporcionado de la fuerza que permiten concluir “que la Policía nacional y la fuerzas antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógeno en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones”, y comentó que “varios testimonios hablan del uso de francotiradores”.
“Esos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”, aseveró al referir que “Nicaragua debe implementar en forma inmediata mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas”.

La comisión observó en su trabajo la falta de estándares forenses en los casos de muertos y heridos en los hospitales y el Instituto de Medicina Legal que permitan esclarecer los hechos de violencia de manera completa y eficaz.
De acuerdo con las denuncias recabadas, la CIDH comentó que se habría negado atención médica de urgencia a los heridos.

“Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información”, sentenció.
La comisión instó al Estado nicaragüense a implementar 15 recomendaciones en la materia.

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