Denunció madre abuso sexual y juezas la ignoraron: ONGs

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SINEMBARGO / Ciudad de México
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) desechó las tres pruebas de abuso sexual que presentó Mireya, la mujer que envenenó a sus tres hijos, por parte del padre de los menores, revelaron ayer grupos de la sociedad civil.
En conferencia de prensa, un grupo de expertos en materia de derechos humanos que analiza el caso dio a conocer que este tiene diversas inconsistencias y omisiones que obstaculizaron el acceso a la justicia para Mireya y el interés superior de sus hijas e hijo.
Los cuerpos de un niño de 10 años, dos gemelas de seis, una mujer de 38 años y un adulto mayor fueron hallados el 7 de junio en un domicilio en la delegación Magdalena Contreras.
Los activistas refirieron que la revisión inmediata del caso deriva de que en diciembre de 2010 Mireya detectó violencia sexual contra su hijo, entonces de tres años, por lo que solicitó al hospital psiquiátrico infantil Dr Juan N Navarro un diagnóstico que confirmó la agresión el 16 de junio de 2011.
Con base en el informe del hospital, señalaron, Mireya decidió entablar una denuncia penal contra su todavía esposo Leopoldo Olvera Silva ante el Ministerio Público por abuso sexual contra el hijo de ambos. En ese momento, la mujer ya estaba por dar a luz a las gemelas y su esposo había iniciado los trámites de divorcio.
En enero de 2012, la jueza décima de lo familiar determinó un régimen de visitas y convivencias provisional en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) entre exclusivamente Leopoldo Olvera y sus hijas, a pesar de la evidencia proporcionada por el hospital respecto a la violencia sexual del niño por parte de su progenitor. Al cabo de tres meses, el 25 de abril de 2012, Olvera Silva solicitó a la jueza décima de lo familiar un régimen de visitas y convivencias con su hijo.
El 14 de junio de 2012, la jueza solicitó al DIF de la Ciudad de México un primer peritaje al niño y al padre, en el cual los peritos especializados evidenciaron nuevamente que había elementos que demostraban la presencia de signos y síntomas derivados de un continuado abuso sexual infantil en el niño.
Posteriormente, el padre del menor solicitó al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) un peritaje, el cual en hora y media determinó que el niño no presentó evidencia de abuso sexual.
En febrero de 2014, Mireya interpuso otra denuncia contra su exesposo por supuesto abuso sexual cometido contra sus dos hijas y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México contra la jueza Cristina Espinosa Roselló.
El caso fue retomado en octubre de ese año por la jueza Silvia Araceli García, quien también omitió los peritajes, otorgándole la guarda y custodia de los tres menores al padre.
La procuraduría, ante los medios de comunicación, descartó la veracidad del contenido de la carta. Incluso, el otrora procurador Rodolfo Ríos afirmó que aun cuando la mamá había presentado tres denuncias en contra del progenitor, entre 2012 y 2016, en todos los casos se descartó que los niños sufrieran de abuso sexual.
En un pronunciamiento firmado por más de 40 organizaciones, condenaron las omisiones de las autoridades, la falta de rigor jurídico en el seguimiento y la inobservancia al proceso por no asegurar un resultado justo y equitativo en las diferentes etapas procesales, además que en diferentes momentos inhibió la procuración de justicia a Mireya y a sus hijos, no se hicieron valer sus derechos y se les dejó en una total indefensión exponiéndolos al escarnio de la opinión pública.
Asimismo, exigieron que el tribunal capitalino investigue de manera exhaustiva las quejas en relación a ese caso y castigar con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables, la destitución inmediata de los operadores encargados de la supuesta impartición de justicia involucrados, y el acceso a la justicia y debida diligencia con perspectiva de género, derechos humanos e interés superior de la infancia para esclarecer los hechos.

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