En estos momentos de campaña enmarañada por todas partes, me parece que existe una gran deuda del sistema en su conjunto con los trabajadores de nuestro país, a la que casi nadie atiende. El año pasado se conmemoraron los 100 años de la promulgación de la Constitución de la República, donde quedaron plasmados los derechos laborales de los trabajadores del campo y de la ciudad, luego del triunfo de las fuerzas revolucionarias contra la dictadura de Porfirio Díaz. Desde entonces y hasta nuestros días, esos grandes logros han sido revertidos por el poder político del presidente y su partido, el PRI, con la permanente ayuda del PAN, y recientemente del PRD.
En dicha conmemoración se siguió hablando de los grandes avances que quedaron plasmados en ese documento, especialmente tres de ellos, el artículo 3° constitucional relacionado con la gratuidad, el carácter laico y científico de la educación; el artículo 27 relativo a la propiedad de la tierra que radica originalmente en la nación, pero se hablaba de la propiedad colectiva en forma de ejidos, que luego viniera el “gandalla” de Salinas a modificar para dar paso a la propiedad privada sin límites. Y el artículo 123, que planteaba las conquistas fundamentales de los trabajadores asalariados, de su derecho a organizarse en sindicatos, del derecho a la contratación colectiva, a la huelga, a la defensa de sus intereses, de la prohibición al trabajo de los menores de 15 años, de los derechos de las mujeres embarazadas en relación con su empleo, de los salarios mínimos que desde hace mucho dejaron de ser justos, y de muchos otros aspectos relacionados con el trabajo asalariado.
El gobierno federal, con el apoyo de diputados y senadores, entre los cuales figuraban y siguen figurando líderes sindicales corrompidos por ese poder que nos sigue oprimiendo, empresarios favorecidos por regulaciones anticonstitucionales, jueces corruptos y juntas de conciliación y arbitraje más preocupados por quedar bien con los poderosos, han logrado durante las últimas seis décadas revertir muchas de las conquistas laborales plasmadas en el documento de 1917.
Hoy día el panorama laboral que se les plantea a los jóvenes es desolador. Los que pueden acceder a una educación superior son cada vez menos, porcentualmente hablando, que hace 20 años. Los demás deberán ingresar a un mercado laboral terriblemente injusto, orientado a proteger solo al patrón y que no les garantiza un presente, y menos un futuro tranquilo, por más que se esfuercen en cumplir bien con sus labores.
Vean los salarios que se están pagando, ya no solo a los principiantes, sino a personas con cinco, 10, 15 o más años de experiencia laboral. Comparados con lo que cuesta una canasta básica, los salarios siempre están en desventaja para la inmensa mayoría de los trabajadores. Todos los miembros de una familia, mayores de 13 o 14 años, deben laborar para poder subsistir con muchas carencias, mientras que los empresarios y la alta burocracia política del país disfrutan de posiciones económicas mucho más desahogadas. La riqueza que produce nuestro país es enorme, pero está terriblemente mal repartida. Se ha afirmado hasta el cansancio que el uno por ciento de la población del país (los más pudientes), ganan tanto como 90 por ciento de la población.
Se han eliminado las posibilidades de una jubilación gracias a la tranza denominada Afore, que no garantiza un fondo digno para nadie, y que si alguien quiere vivir tranquilamente luego de que llegue a la edad de 60 o más años, deberá haber ahorrado mucho más de lo que las cuotas actuales pueden aportarle para una vejez digna.
En la práctica se ha eliminado el derecho de huelga, la seguridad social en salud, la educación de calidad, el abasto de agua, gas y energía eléctrica a precios razonables y muchas otras cosas más. De hecho estamos en espera, posiblemente ya que hayan pasado las elecciones, del anuncio de la fusión en una sola institución, de todos los servicios de salud públicos, con el agravante de que las enfermedades crónico degenerativas ya no serán atendidas por el Estado, pero las cuotas que todos pagamos no se verán disminuidas. Es decir, jódanse los viejos y sus familias.
Esta es la gran deuda que nuestro sistema económico, político y social tiene con la mayoría de la población, contemplando que los antiguos campesinos se han convertido en jornaleros asalariados en condiciones tan infames como las que se vivieron en la época del porfirismo. La esclavitud está vigente en nuestro país con diferentes caretas mal disimuladas. Mientras, el gobierno sigue presumiendo que trae nuevas inversiones foráneas, que se llevan casi toda la riqueza producida y nos dejan salarios mal pagados, destrucción ecológica y cinturones de miseria cada vez más extendidos. La cervecera de Apan será un ejemplo de ello.

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