Hace un año justamente, en diciembre de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió los lineamientos de las audiencias, que garantizaban los derechos del público de medios a través de la figura de la defensoría, cuyo papel sería el de puente entre la opinión-necesidades de las audiencias y los contenidos emitidos por las empresas de la comunicación. Su papel sería esencial para afinar, mejorar y/o responder y defender el derecho del público en relación a su dignidad, sobre todo, y a la diversidad y pluralidad concernientes a una sociedad abierta y democrática.
La realidad, sin embargo, se impuso: los monopolios comunicativos siguen controlando el cómo funcionan y cuáles son sus alcances. En ese sentido se iniciaron propuestas de modificación a esa ley para abatir la autonomía de las defensorías y, a final de cuentas, tener albedrío absoluto sobre los contenidos que privilegian la comercialización y en ese tenor la ganancia, sin importar los derechos básicos de sus audiencias. El Senado de la República avaló ese retroceso el 26 de octubre pasado. El argumento principal para atar el papel de la figura de la defensoría y la claridad entre opinión y publicidad fue “la defensa de la libertad de expresión”; el panista Javier Lozano dijo que “las modificaciones aprobadas fortalecen la libertad de expresión, sobre todo durante los periodos de campaña electoral”.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) expresó sobre esa acción señalando que “esto no tiene que ver con libertad de expresión en tiempos electorales. Los políticos que respaldan esa campaña mediática saben que ya no podrán colocar contenidos engañosos ni propaganda encubierta en forma de entrevistas a modo o gacetillas. Detrás de la iniciativa está escondido el interés de los concesionarios privados por ampliar los márgenes de la publicidad encubierta y la propaganda engañosa, prácticas que atentan contra la Constitución; la supuesta libertad de expresión de los concesionarios no es superior al derecho a la información de las personas a recibir información veraz y objetiva, que no se garantiza con la autorregulación que propone la minuta”.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias (AMDA) declaró en torno al tema que “la contrarreforma despoja al IFT de sus facultades constitucionales y legales, dejando al libre arbitrio de los radiodifusores el cumplimiento de los derechos de las audiencias, elimina el proceso de supervisar la idoneidad de los defensores de las audiencias, los códigos de ética y las obligaciones para que no se transmita publicidad o propaganda engañosa que se presente como información periodística. Con lo anterior, la tutela de las prerrogativas fundamentales de las audiencias queda en manos de los concesionarios y no del Estado mexicano, a través del órgano constitucionalmente facultado para ello que es el IFT. La contrarreforma violenta los principios de progresividad y de protección establecidos en el artículo primero constitucional”.
No obstante, la congruencia e importancia de defender esos derechos básicos del público de los medios en esa sociedad mediática, el embate continúa no solo en nuestro país, sino en otras naciones que luchan por consolidar esa importante figura que fortalece a uno de los componentes de la tríada comunicativa: los receptores, el público.
Un ejemplo es la controversia que se vive en Costa Rica en estos días, porque la defensoría de audiencias del Sistema Nacional de Radio y Televisión SA (Sinart) evaluó el contenido religioso católico de los medios en ese país y emitió una recomendación de diversificar la oferta informativa en ese tema de su programación: “Para garantizar una programación inclusiva, respetuosa de la libertad religiosa y la libertad de culto, el Consejo Ejecutivo del Sinart acordó en octubre sustituir las ceremonias religiosas por programas de contenido más pluralista y neutral (Acuerdo número dos de la sesión ordinaria 37-2017 del 19/10/2017). Los medios de comunicación del Sinart proponen operar bajo un marco de neutralidad, participación y respeto absoluto a las distintas denominaciones religiosas. Afirmar que se retirarán los contenidos religiosos de la programación de Trece Costa Rica Televisión es un error, lo que se pretende es ofrecer espacios inclusivos”, comunicado de prensa de Sinart Costa Rica Medios, noviembre de 2017.
La sentencia fue avalada por el Consejo Ejecutivo y hoy la Defensoría, representada por Nathalia Rojas Zúñiga sufre el embate de sectores radicales que defienden el Estado confesional, ignorando que no por ello se debe privilegiar la religión católica y mucho menos en detrimento de la pluralidad y diversidad necesarias en toda
sociedad.
Sin duda, el papel de las defensorías de audiencias causa resquemor y reacciones adversas, de manera increíble, por cierto, en un tiempo en que se maneja en el imaginario colectivo que tenemos herramientas y mecanismos vastos de libertades y opciones informativas y formativas. La realidad es que contra esa idea lo que prevalece es la defensa de públicos sin voz ni voto en lo que se mira, se escucha o se lee; el negocio de las conciencias es redituable económica y, sobre todo, políticamente. De ahí la mancuerna y complicidad de gobernantes, legisladores y propietarios de medios. Avanzamos en libertades parciales si no se considera que el público no tiene nada qué decir. La libertad es trunca todavía si no tenemos la posibilidad de interpelar lo que se nos ofrece. Es un derecho básico humano. Las defensorías de audiencias son un inicio y representan un precedente para tejer esta posibilidad. La ciudadanía tiene la palabra, no los medios, como insisten los comerciantes de los medios una y otra vez. Mucho aún por hacer, aunque no se crea.

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Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.