El artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia institucional como “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”. Uno de estos “actos” u “omisiones” se traduce en que muchas mujeres no pueden acceder al derecho a la salud pública. Historias hay muchas, pero en esta edición nos enfocamos al tipo de violencia que ejercen las instituciones de salud estatales contra las mujeres que acuden a ella para atenderse un parto. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) refiere que en nuestro país es altamente probable que cualquier mujer embarazada que llegue a un hospital sea maltratada tanto verbal como físicamente. Sufren negación de tratamiento, indiferencia ante solicitudes o reclamos, regaños, burlas, ironías, decisiones médicas sobre el parto sin previo consentimiento e incluso esterilizaciones forzadas. Esta realidad la conocen muy bien las hidalguenses que padecen ese tipo de maltrato que en ocasiones desemboca en la muerte del producto, de la madre, o incluso de ambos. La situación es grave y así lo reconoce la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, quien este año emitió una recomendación general a la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH)

por la constante violación de derechos humanos durante la atención médica a embarazadas

La misma institución consignó que de 2013 a la fecha sumó seis recomendaciones a la SSH por muerte materna y neonatal. Por tanto, pidió a la institución pública de salud que estudie e identifique dónde están las deficiencias en los protocolos de actuación o si el personal simplemente los ignora. No obstante, y pese a que la primera recomendación fue emitida hace tres años, a la fecha no hay avances, denunció GIRE. Ayer el gobernador Francisco Olvera Ruiz, durante la inauguración de las instalaciones de la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Sexual y Familiar, ubicada en las inmediaciones del hospital obstétrico de Pachuca, reconoció el problema y dijo que la mayoría de los casos ha sido atendidos “en el pago del daño a las familias”. Aunque cabría preguntar: ¿por qué enfocarse en atender los daños si se puede trabajar con mejorar el trato a las pacientes? El gobierno es el primer obligado en respetar la ley y debe ser el principal interesado en desterrar la violencia institucional. No es posible que tres años después de la primera recomendación la SSH no haya llevado a cabo ninguna acción para evitar la violación de los derechos humanos durante la atención médica a embarazadas. Esa violencia, silenciosa, no debe ser solapada ni promovida por quien se supone que está ahí para evitarla. De filón. Cuando el río suena… entonces hay que preocuparse. Esto viene a cuento porque el Partido Nueva Alianza también teme, como el PRD, que sus alcaldes sean blanco de la inseguridad. ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros?

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