Uno de los grandes males de la administración pública es el servicio que brinda lo mismo al usuario que al derechohabiente, al trabajador y al requirente de un trámite. La burocracia, siempre en el punto que frena servicios, que encarece lo gratuito, que aplica tortuguismo en una tarea de minutos. La burocracia.
¿Una licencia de manejo? Unos cientos de pesos por delante; ¿un trámite para recibir información respecto de su situación escolar o laboral? Vuelva mañana. Atención médica y los trabajadores sindicalizados que se niegan a ser servidores públicos. La burocracia.
¿Existe algún mecanismo para desarticular a esas mafias sindicales que protegen a los peores empleados que solo sirven para mantener en el poder a esos dirigentes gremiales? ¿Hay solución para echar a los coyotes de los juzgados?
La apuesta se imagina en las acciones anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto en áreas sensibles como la educación que tenderá a desburocratizar los servicios educativos y despojar de trabas procesos como el reconocimiento escolar, la validación y revalidación de estudios para los connacionales que sean deportados de Estados Unidos.
Desburocratizar al sistema burocrático que implica combatir a la corrupción; sanear a la administración pública y lograr que el servidor público sea eso: servidor público, no el obstáculo de modernización que implica respeto a los derechos humanos y ejercicio profesional que eleva calidad de vida y nivel de servicios.
Ayer, el secretario del Trabajo y Previsión Social Alfonso Navarrete Prida informó que legislaturas de 17 estados del país aprobaron las reformas a los artículos 123 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que permitirá al Congreso de la Unión hacer la declaratoria oficial de procedencia e iniciar el trámite legislativo para la promulgación y entrada en vigor de las nuevas disposiciones constitucionales en materia laboral.
Romper trabas, acabar con mafias, porque la reforma establece que los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales de las entidades federativas y muestra un nuevo modelo de impartición de justicia laboral al proponer la conciliación prejudicial obligatoria y la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje.
También crea centros de conciliación especializados, imparciales y autónomos, así como la de un organismo descentralizado a nivel federal para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.
Navarrete Prida dijo en conferencia de prensa que “la legislación secundaria contará con un diálogo social abierto entre los factores de la producción, particularmente empresarios y trabajadores, para que juntos arribemos a una propuesta que pueda ser analizada por el Poder Legislativo y que lleve el mayor de los consensos posibles, para que tengamos un México muy fuerte en la materia”.
El secretario del Trabajo se congratuló por este hecho inédito que, refirió, es fruto de un intenso diálogo y de la negociación constructiva entre los factores de la producción, los legisladores y el gobierno de la República. Los trabajadores nos congratulamos más. Y más quienes sabemos de esas mafias que acabaron con el futuro de muchos trabajadores y desaparecieron a verdaderas organizaciones gremiales y prohijaron a los sindicatos blancos. Digo.
Martes. Como lo había anunciado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Gerardo Ruiz Esparza, presentó ya la demanda en contra del consorcio Rivada por la campaña de desprestigio que este emprendió contra la dependencia, luego de haber sido legalmente descalificado en la licitación de la Red Compartida por no entregar la garantía de seriedad, consistente en mil millones de pesos. Interpuesta ante el Poder Judicial de la federación, la demanda es por daño moral y en respuesta a dicha campaña de descrédito, que afectó el decoro, el prestigio y la reputación de la secretaría.
El caso es que hasta ahora, Rivada no ha presentado ninguna prueba que fundamente de manera seria sus acusaciones. Con la demanda interpuesta, la primera que por daño moral presenta una dependencia federal en contra de una empresa, la SCT exige que el juez de distrito ordene a Rivada cesar la campaña de desprestigio en su contra; que resarza el perjuicio causado, y que le obligue a publicar en los medios de comunicación, así como en las redes sociales, una aclaración satisfactoria por los comentarios falsos e insidiosos que hizo en contra de la secretaría. Conste.
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