Pachuca.- La directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga, descartó que las áreas verdes del fraccionamiento San Javier sean del dominio público y agregó que su venta, cuando era secretaria de Finanzas, fue acorde a los precios vigentes y con legalidad.

Durante un evento la tarde del viernes en Pachuca, fue cuestionada por los señalamientos de la diputada local Gloria Romero sobre que vendió áreas públicas en ese fraccionamiento, durante la administración estatal 2005-2011.

“Qué bueno que sacan esa pregunta, miren, tengo trabajando más de 30 años en el sector público, toda mi vida he trabajado en el sector público y siempre me he inclinado hacia la legalidad, dijo Mayorga al concluir la inauguración de la exposición temporal Norte Infinito: Pueblos Indígenas en Movimiento.

“Esto que comentan, que son terrenos de dominio, en cuanto que  dicen que son públicos, no es así, ustedes lo pueden constatar, está la documentación, existe un decreto, existió toda la legalidad que se tiene que llevar a cada uno de los procesos en este caso, cuando yo era secretaria de Finanzas y la oficialía mayor dependía de la secretaría.

“Entonces pueden investigar, se vendieron al precio que estaban en ese momento, fueron pagados, pueden revisarlo en la tesorería del gobierno del estado, los pagos que hicieron y se procedió con toda legalidad.

“Respeto la opinión que tengan otras personas, pero simplemente es ir al gobierno del estado para que pueda mostrarles información”, declaró durante entrevista.

Anteriormente, la diputada Gloria Romero mostró durante sesión del Congreso local un decreto del gobierno del estado sobre la autorización del fraccionamiento San Javier en 1980 y uno más que valida la enajenación en 2010.

Además de las escrituras derivadas de la compra de las áreas verdes, documentos que la diputada no mostró con tal de resguardar los datos de los propietarios.

Al vender las áreas verdes a particulares no se respetan los contratos de los vecinos de San Javier, quienes recientemente colocaron mantas contra el uso de estas superficies, apuntó la diputada, quien pidió crear una comisión especial en el Congreso local para investigar.

La extensión de los jardines en dicho fraccionamiento ubicado en una de las zonas de mayor plusvalía de la capital es de 35 mil metros cuadrados.

La venta de estas áreas de uso común, agregó la legisladora, ocurrió en la recta final de la administración 2005-2011, y registró el contrato de compra Delia Bibiana Tejeda Cruz, adscrita a la notaría pública 18, de la que es titular Pedro Luis Noble Monterrubio, quien en ese tiempo tenía licencia y actualmente es diputado federal.

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