Descarta PGJEH acusaciones

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marco
Ante el posicionamiento del diputado local Marco Antonio Ramos

REDACCIÓN
Pachuca

La PGJEH descartó que la designación del titular de la dependencia Ramiro Lara Salinas sea irregular, esto ante el posicionamiento del diputado local Marco Antonio Ramos por la existencia de un presunto conflicto de intereses.
En su postura, la PGJEH refirió que la pasada legislatura recibió la terna de aspirantes a encabezar la fiscalía general en la cual se encuentra el actual funcionario, mientras que el pasado 3 de septiembre el Congreso local le tomó protesta en el cargo.
En tribuna, el diputado perredista Marco Antonio Ramos manifestó que existió un incumplimiento de la legislación al violar la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, pues a decir de él, existió conflicto de intereses.
En tanto, la PGJEH manifestó que el artículo 18 de la Ley General de Delitos Electorales prevé que un magistrado electoral no puede ser designado en cargos públicos por los poderes Ejecutivo o Legislativo, cuya elección haya calificado, situación que en el presente caso no acontece.
No obstante, añadió que no existe tal impedimento ya que el procurador General de Justicia del estado no fungió como magistrado electoral durante la elección de los diputados de la 62 Legislatura.
De igual forma tampoco tuvo injerencia en el proceso electoral del cual resultó electo como gobernador Francisco Olvera Ruiz.
Además, añadió que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 107, establece que los magistrados electorales no podrán tener ningún cargo con excepción de aquellos en los que actúen en representación de la autoridad electoral jurisdiccional local.
En la causal dos refiere que concluido su encargo no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que hayan ejercido su función.
En tanto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 11, señala que los consejeros electorales, estatales y demás servidores públicos que establezca la ley no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, así como tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado durante los dos años posteriores al término de su encargo, pero éste no fue el caso, abundó la fiscalía estatal.
Para concluir, la dependencia destacó la preocupación de los diputados locales ante quien toma las riendas de la PGJEH y se dijo respetuosa de las anteriores posturas, “por ello es imperioso detallar que la legalidad de su designación al cargo nunca estuvo fuera de la ley”.

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