Descongela UIF cuentas de dos municipios de Jalisco

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Ciudad de México.- Las cuentas bancarias de los municipios Ixtlahuacán y El Grullo, en Jalisco, serán descongeladas, pero las de sus alcaldes seguirán bloqueadas, acordó la unidad de inteligencia financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La UIF ordenó recientemente bloquear las cuentas de Eduardo Cervantes Aguilar, alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, y de la presidenta municipal de El Grullo Mónica Marín, por su presunta relación con el cártel de Jalisco nueva generación (CJNG), sin embargo, acordó no afectar las de los municipios para no suspender los sueldos de trabajadores y proveedores.

De acuerdo con medios nacionales, las demarcaciones podrán seguir usando recursos para cumplir con los pagos de nóminas a sus trabajadores, así como para los pagos de servicios.

La UIF declaró que el bloqueo a los funcionarios forma parte de una investigación por operaciones financieras sospechosas que no coinciden con el perfil de ingresos que los funcionarios perciben. Además, esas acciones se enmarcan dentro del operativo Agave Azul.

Eduardo Cervantes Aguilar se encuentra en medio de varios problemas luego de que Giovanni López, un trabajador de la construcción, fuera asesinado luego que policías municipales lo detuvieran con violencia el 4 de mayo.

Además, de acuerdo con los primeros reportes, no es la primera vez que ese alcalde es señalado por tener presuntos vínculos con organizaciones criminales.

En 2015 fue investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada por una supuesta relación en la venta de armas a civiles. Asimismo, el nombre de Cervantes Aguilar estuvo en una lista de personas ligadas a las autodefensas michoacanas.

El 13 de junio, la dependencia a cargo de Santiago Nieto también congeló las cuentas bancarias de diversos ayuntamientos de Jalisco, sin embargo, la UIF ya habría ordenado su desbloqueo.

Hace una semana, la unidad de inteligencia financiera informó del bloqueo de mil 939 cuentas bancarias presuntamente relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, mil 770 de ellas personas físicas y 167 empresas.

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