Desecha Corte impugnación a Ley Atenco

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ATENCO

VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia desechó ayer la acción de inconstitucionalidad promovida por la mayoría de diputados del Congreso del Estado de México para impugnar la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en dicha entidad, conocida como Ley Atenco.
Por seis votos contra cinco, el pleno de la Corte resolvió que la mayoría de legisladores que promovió la acción es tan amplia que no está legitimada para promover una demanda de ese tipo, pues los propios diputados pueden reformar o derogar la ley que aprobaron si les parece inconstitucional.
Fue la primera vez desde 1995, cuando se reglamentaron las acciones de inconstitucionalidad, que la Corte discutió si una mayoría legislativa puede usar ese recurso, que siempre ha sido visto como exclusivo para las minorías de al menos 33 por ciento de los integrantes de un Congreso.
Una vez aprobada esa parte del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, la Corte analizará las acciones presentadas por las comisiones de Derechos Humanos, tanto nacional como estatal, para impugnar la Ley Atenco, a la que el ministro propone eliminarle seis artículos y dejarle muchos otros mediante “interpretaciones conformes” sobre la forma en que deben ser aplicados.
“No puede estar la mayoría de un órgano legislativo litigando contra ellos mismos”, afirmó el ministro Jorge Pardo, al destacar que la acción fue promovida por 68 por ciento de los diputados mexiquenses.
“Estamos ante una pretensión consultiva que busca una orientación o una certificación, pues no se expresó concepto de invalidez alguno (en la demanda del Congreso)”, agregó Pérez Dayán.
Si bien la Ley Atenco fue publicada en marzo de 2016, el Congreso mexiquense congeló su vigencia hasta que la Corte resuelva, lo que llevó al ministro presidente Luis María Aguilar a decir que se pretendió incorporar a ese tribunal al proceso legislativo.
Varios miembros de la mayoría rechazaron fijar una regla general por la que toda acción iniciada por una mayoría legislativa sería desechada, pues podría haber casos en los que la demanda sea firmada por diputados que no aprobaron la ley en cuestión.
Pérez Dayán incluso dijo que en casos de reformas que requieren mayorías calificadas, como se piden para cambios a las constituciones, una mayoría simple sí podría impugnar.
La minoría advirtió que se abre el riesgo de sabotaje de las mayorías legislativas contra las minorías, pues les bastaría sumarse a las demandas de sus colegas, lo que no se les puede impedir, para que la Corte las deseche.
Agregó que la Constitución no fija un tope al número de legisladores que pueden promover acciones de ese tipo y la Corte no puede crear causas de improcedencia no previstas en ley. “Estamos desnaturalizando la acción de inconstitucionalidad”, advirtió Arturo Zaldívar. “Estamos partiendo del supuesto equivocado de que la acción es para proteger derechos o intereses de quienes acuden a ella”.
“No tenemos un sustento para establecer esto y nos va a meter en muchísimos problemas frente a los casos particulares”, dijo Fernando Franco.
Hacia el final de la sesión, Aguilar y Margarita Luna Ramos se mostraron molestos por afirmaciones de que el criterio de la mayoría está “equivocado”.
“Creo que ninguno tenemos la razón absoluta para descalificar o decir que alguien está equivocado o confundido, cada quien tiene su punto de vista absolutamente respetable, cada quien tiene razones para considerar que un asunto debe resolverse de una manera o de otra”, dijo Aguilar.

Antecedente

  • Fue la primera
    vez desde 1995, cuando se reglamentaron las acciones de inconstitucionalidad, que se discutió si una mayoría legislativa puede usar ese recurso

 

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