Desecha SCJN proyecto para despenalizar aborto en Veracruz

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Veracruz

Con cuatro sufragios en contra y uno a favor

Ciudad de México.- La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, con cuatro sufragios en contra, el proyecto que obligaría al Congreso de Veracruz a despenalizar el aborto.

En menos de 30 minutos, el esquema del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue votado en contra por Norma Lucía Piña, Ana Margarita Ríos, Jorge Mario Pardo y Alfredo Gutiérrez Ortiz.

El único dictamen a favor fue el de González Alcántara Carrancá, quien defendió su plan.

“Ministras, ministros, respetuosamente no comparto la determinación de que el asunto no sea procedente. En primer lugar, estimo que la legislación aplicable permite que sean reclamarles en amparo omisiones legislativas. En efecto, esta primera sala cuenta con procedentes al respecto. En segundo lugar, estimo que las quejosas contaban con un interés legítimo para reclamar dichas omisiones, pues su objeto se enfoca en la protección de los derechos de las mujeres”, expresó el funcionario.

“En mi opinión, reitero que dadas las obligaciones convencionales contraídas por el Estado mexicano y que vincula a todas las autoridades en el ámbito de su competencia, sí existe una obligación legislativa que vincula al Congreso local de Veracruz para reformar sus normas penales en relación a la interrupción legal del embarazo”, agregó.

La propuesta, que respaldaba a un juez federal de Xalapa, quien el año pasado resolvió un amparo en el que ordenó al Legislativo local reformar los artículos 149, 150 y 154 del código penal porque criminalizan el aborto, necesitaba la aprobación de tres de los cinco ministros de la sala.

Norma Piña lideró la oposición al argumentar que su voto no era contra el fondo del asunto, sino contra el concepto de “omisión legislativa” que señalaba González Alcántara.

“La corte, en mi opinión, no puede sustituir al Congreso para ordenarle un contenido legislativo específico, en este caso, pues no existe un mandato legislativo específico de legislar en ese sentido”, argumentó Piña.

Si era abalada la propuesta en la primera sala, que discute temas civiles y penales, mujeres de otras entidades podrían haber presentado amparos para obligar a las Cámaras locales a legislar en el mismo sentido.

González Alcántara Carranacá lamentó la decisión de sus colegas al reiterar que la prohibición de la interrupción legal de la gestación es anticonstitucional.

Para ello, argumentó que México ha firmado tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem do Pará.

“Las quejosas contaban con un interés legítimo para reclamar dichas omisiones, pues su objeto se enfoca en la protección y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres”, afirmó el magistrado.

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