Mucho se ha hablado de los estragos que ha dejado la pandemia en Hidalgo, un estado sumido en el subdesarrollo y donde el 73.8 por ciento de su población se encuentra en el mercado laboral informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esos datos se suman al ensombrecido panorama que enfrenta la entidad, que durante el tercer trimestre de 2020, al menos 40 mil 814 hidalguenses estaban desocupados. A Hidalgo, como al resto de las entidades, no le vienen bien las cosas en los próximos meses. Además del aumento de casos y muertes por el Covid-19, deberá enfrentar en 2021 el recorte asestado en el presupuesto de egresos de la federación. La experiencia marca que los gobiernos deberán hacer un ajuste a su gasto corriente, sacrificar sueldos y plazas laborales, pero estas estrategias de ninguna manera serán suficientes para atender la emergencia laboral. Se requiere que los ayuntamientos le apuesten a la inversión privada como mecanismo de reactivación económica. Por su parte, el gobierno del estado debe acelerar las grandes inversiones anunciadas y que ascienden por el orden de 60 mil millones de pesos. Lo más seguro es que durante las próximas administraciones municipales que arrancan el 15 de diciembre veamos los mismos paliativos que no abonan en nada al despegue económico desde lo local. En la nota que ocupa la portada de este miércoles en Libre por convicción Independiente de Hidalgo, la periodista Laura Trejo advierte la pérdida de empleos de tiempo completo y disminución de la ocupación en los micronegocios en el último año. Menudo reto tienen los gobiernos, que no salen de una y ya están en una nueva crisis, la del empleo. Sería interesante observar cómo sobrevivieron los negocios que fueron beneficiados con pírricos préstamos por parte del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial hacia el primer trimestre de 2020 con motivo de la contingencia. Y es que con el nuevo recorte al Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, la situación no se vislumbra fácil. Más vale que los ayuntamientos y el Ejecutivo estatal cuadren una estrategia económica de largo aliento, o el desempleo seguirá galopando en caballo de hacienda. De filón. La Contraloría estatal contabiliza 292 proveedores y contratistas sancionados, así como 178 servidores y funcionarios amonestados por incumplimiento de su deber. Tal parece que la corrupción no termina de desenraizar en la administración pública.

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