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Despido de periodistas ¿por qué?

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¿Por qué están despidiendo a periodistas?

En las últimas semanas han dado las gracias a reporteros, redactores, articulistas y columnistas en diversos medios de comunicación. Algunos de estos despidos han tenido mayor impacto porque se trata de plumas muy reconocidas. Las cifras no son exactas, pero ya se habla de cientos de personas que se han quedado sin trabajo en medios impresos y electrónicos.

En el sector hay un enorme desconcierto por estos movimientos, el cual se refuerza con el anuncio de que habrá una reducción del 50 por ciento en el gasto de la publicidad gubernamental y de personal en las áreas de comunicación social de las dependencias y órganos del gobierno federal a partir del primero de diciembre, una vez que asuma la presidencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el mundo de las especulaciones y de las noticias falsas, una de las versiones que se han dejado correr es que comenzaron las presiones desde el equipo cercano al presidente electo, particularmente con quienes durante el proceso electoral asumieron una posición muy crítica o que recurrieron a las mentiras o a los insultos para tratar de impedir que López Obrador llegara a la presidencia. Esta versión ha sido utilizada para que los opositores al presidente electo y su grupo político fortalezcan la idea de que se aproxima un gobierno en el que habrá un retroceso en la libertad de expresión.

Hasta ahora, sin embargo, ni un solo dato duro han aportado sobre esas presiones y a quienes pedimos información para que se revelen nombres y hechos, se nos califica de ingenuos, porque, aseguran, ningún empresario de los medios de comunicación estaría dispuesto a tener un diferendo importante con quienes ganaron las elecciones y poner en riesgo sus negocios con señalamientos de esa naturaleza.

Ante la falta de precisiones, se ha llegado a suponer que algunos de los despidos son como sacrificios que se hacen en honor del ungido, una demostración de que están dispuestos a cambiar o a negociar líneas editoriales para no ser perjudicados con las decisiones que se tomen en acceso a la información o publicidad gubernamental. Se trataría, pues, de decisiones empresariales, basadas en criterios político-económicos y no periodísticos, que pondrían en evidencia la debilidad de algunos medios de comunicación frente al poder político.

La otra interpretación de los recortes se basa en criterios económicos: ante el recorte del presupuesto de la publicidad gubernamental, vendrá un sexenio de “vacas flacas” y es necesario hacer los ajustes de personal, de nuevos proyectos e inversiones; prepararse, en síntesis, para la crisis. Para un país en el que una importante cantidad de medios de comunicación vive sobre todo del dinero público, lo que se augura es el holocausto y un síntoma, también, de la censura que viene por la vía del ahorcamiento económico.

¿Cuál de las versiones es cierta?

Salvo excepciones, los medios de comunicación no son transparentes. Las notas que se han publicado sobre la supuesta crisis que algunos de ellos padecen actualmente han sido generadas sobre todo desde medios digitales y no desde los tradicionales.

Los lectores y las audiencias no sabemos, por citar un ejemplo, por qué fueron despedidos Lorenzo Meyer y José Woldenberg del periódico Reforma, pero se mantuvo en la nómina a Enrique Krauze y a Sergio Sarmiento. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Woldenberg cobraba más que Sarmiento?, ¿uno es “más rentable” que el otro?, ¿o quizás hacía falta equilibrar posiciones políticas en todo el diario? Vaya usted a saber.

Los articulistas despedidos escribieron que les dijeron que por razones económicas salían, pero casi lo mismo se dice a cualquier colaborador que se desea expulsar, aunque eso no sea el motivo real. Muchos podemos compartir experiencias similares.

En la construcción de nuestra democracia, los empresarios y directivos de los medios de comunicación tienen una función primordial. En Twitter y Facebook cada vez más colegas se manifiestan a favor de una transparencia de quienes toman decisiones en los periódicos, portales periodísticos, estaciones de radio y televisión, y expongan las razones de los despidos de los colegas o si, como se ha dicho, han sido presionados. Así como exigimos transparencia a quienes ejercen responsabilidades públicas, también los lectores y las audiencias pedimos transparencia a los medios de comunicación.

Sé que es obvio, pero no está de más recordarlo: los medios de comunicación no fabrican papas fritas o pastelitos, sino que trabajan con información, con piezas periodísticas que materializan los derechos fundamentales de expresión e información. Las noticias no son mercancías, trascienden lo material y adquieren un enorme valor para la sociedad al convertirse en referentes de los hechos y cumplir su función de contrapeso, de denuncia de todo aquello que daña los derechos humanos, la convivencia social, el ambiente, la justicia.

Cuando expulsaron a Carmen Aristegui de Noticias MVS, el juez octavo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, admitió a trámite su amparo porque consideró que el contrato entre la periodista y la empresa no era solo un caso de derecho privado, es decir, un diferendo entre particulares, sino que se estaría frente a un asunto de interés público o de relevancia social.

Para el juez Silva García “en funciones que trascienden a la sociedad (como lo es el periodismo crítico de investigación) es necesario que se efectúe una justificación o motivación reforzada en caso de que una empresa concesionaria de un bien y servicio público decida terminar la prestación de servicios de esa índole con la finalidad de que tanto la periodista que se encuentre en el supuesto, como la sociedad indirectamente, tengan pleno conocimiento respecto de las causas objetivas y razonables por los que el concesionario determinó prescindir de los servicios en cuestión”.

Lo mismo podríamos exigirle a los diarios o a cualquier otro medio de comunicación. Los periodistas tienen una función social y las audiencias o los lectores deberíamos saber qué ocurre con las decisiones editoriales y administrativas que trascienden en los derechos de libertad de expresión y a la información. Es parte de una relación de respeto entre emisores y receptores, pero también de transparencia para evitar rumores, especulaciones o noticias falsas sobre estos hechos. El trascendental cambio político que estamos viviendo debe ir acompañado de la eliminación de las “reglas no escritas” que caracterizaron la relación entre el poder político y los medios de comunicación, a lo largo de décadas.

La inmoralidad de la Segob

Y ya que hablamos de principios democráticos, en contra de toda ética y de respeto a las sentencias del Poder Judicial, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el 21 de agosto los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales, que vulnera los derechos de niñas y niños como audiencias al recortar la protección de programas y publicidad inadecuados para su edad. Es la tercera vez que la subsecretaría de normatividad de medios, que encabeza Andrés Chao, publica estos lineamientos para dejar sin efectos los dos anteriores (del 4 de noviembre de 2015 y del 15 de febrero de 2017) y que fueron impugnados, con éxito, en los juzgados. Una chicanada, dicen los abogados.

La semana pasada, la académica y presidenta de Observatel Irene Levy publicó en El Universal que estos lineamientos fueron uno de los últimos “regalitos” del gobierno de Peña Nieto a las televisoras. Al día siguiente, no fue la Segob, sino el director de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) Miguel Orozco quien rebatió la opinión de Levy y defendió la decisión de la autoridad. En esencia dijo que los lineamientos son para ser más competitivos frente a los servicios no regulados como Netflix. En su respuesta quedó en evidencia que fueron razones de mercado, de negocios, las que prevalecieron en los lineamientos y no el interés superior de la niñez. Y que la Segob lo avaló.

En la Segob nunca hubo transparencia en torno de estos lineamientos. No justificó con datos ni argumentos su decisión. Tampoco recibió a organizaciones de la sociedad vinculadas al tema ni a los expertos para conocer sus puntos de vista. Este caso ejemplifica lo que no es una política pública, sino la expresión de un acuerdo de la industria con el gobierno. Lo mismo que con el etiquetado de alimentos, como lo ha denunciado El Poder del Consumidor. Todo esto debe corregirse por el futuro gobierno.

@telecomymedios

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