Desvía mil 867 mdp el exgobernador de Colima

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Hallazgos de la auditoría excepcional practicada a la administración de Mario Anguiano Moreno

Colima

Desvío de recursos por mil 867 millones de pesos, pago de nómina no presupuestada, infraestructura y obra pública no real ni ejecutada, registros contables falsos, gastos injustificados y desaparición de combustibles donados por Pemex al gobierno estatal son algunos de los hallazgos de la auditoría excepcional practicada a la administración de Mario Anguiano Moreno sobre el periodo fiscal del primero de enero de 2013 al 30 de agosto de 2015, publicó ayer la agencia Proceso en su versión web.

El informe especial del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig), entregado a la comisión de hacienda y presupuesto del Congreso local por su titular Carlos Zamora González, propone castigar al exgobernador y a la mayoría de sus excolaboradores con sanciones que van desde amonestaciones públicas hasta la inhabilitación para ocupar puestos públicos, además de resarcir recursos económicos por daños causados al erario, explicó el medio.

El documento de 155 páginas, más anexos, establece que con las pruebas obtenidas el Osafig acreditó que en el ejercicio fiscal 2013 el Poder Ejecutivo del gobierno de Colima gastó 920.2 millones de pesos por pago de nómina por encima del presupuesto modificado.

Respecto al ejercicio fiscal 2014, el Osafig reportó haber acreditado que en servicios personales el Poder Ejecutivo gastó 947.4 millones de pesos en el pago de nómina por encima del presupuesto modificado para dicho ejercicio.

Con lo anterior, sostiene el organismo fiscalizador, se acreditó plenamente que el Poder Ejecutivo en los ejercicios fiscales 2013 y 2014 generó un déficit de mil 867 millones 696 mil 154 pesos únicamente en la partida de servicios personales, falseando información contable respecto al origen, registro y veracidad de los movimientos contables.

Ante esos hallazgos, el Osafig consideró necesario determinar la presunta responsabilidad administrativa sancionatoria y proponer la imposición de sanciones administrativas por las conductas u omisiones de los servidores públicos que en ejercicio del cargo violentaron, sea dolosa, culposa o por negligencia, la normativa que regula su actividad, independientemente si causaron daños o perjuicios a la Hacienda Pública.

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