Polariza la atención la llamada consulta nacional sobre la ubicación del nuevo aeropuerto. En cuatro días de auscultación ciudadana a través de mil 73 mesas de votación en 538 municipios del país, de los cuales 11 son de Hidalgo, habrá presumiblemente en esta semana la que se anticipa la decisión definitiva.

De acuerdo con información oficial, se imprimieron entre 500 mil y un millón de boletas; 2 mil ciudadanos voluntarios vigilarán los sitios en donde se instalen las mesas receptoras.

Quienes participen solo deberán estar respaldados con su credencial de elector.

Las dos opciones son muy claras, insistentemente repetidas en los últimos días: reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, o continuar con el proyecto de Texcoco y consecuentemente dejar de utilizar el de Juárez que hasta ahora se ocupa.

La consulta tendrá un costo aproximado de un millón o millón y medio de pesos, aportados en especial por diputados federales de Morena.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador declaró que por esta ocasión se permitía ser parcial, ya que consideraba a Santa Lucía como la mejor opción, esto, en opinión de expertos vino a darle un tinte de inducción para quienes, por decirlo así, sufraguen.

El tema, desde luego, ha sido ampliamente debatido.

Apenas el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Juan Pablo Castañón, dijo que la consulta “carece de validez legal y no es jurídicamente vinculante” y que “la decisión corresponde al gobierno y debe ser técnica y no política”.

También, en documento del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico citó que no se ha precisado el origen de los recursos para Santa Lucía y que de llevarse a la práctica la obra, sería muy probable que el gobierno interviniera convirtiendo de esta forma el costo en deuda pública.

También, argumentó, la desestabilización económica al tener que negociar con acreedores y contratistas, afectando el presupuesto federal sin descartar un mal impacto en mercados financieros.

Por su parte, el empresario Carlos Slim se pronunció por una licitación para que sea la iniciativa privada la que opere el nuevo aeropuerto.

El alcalde de Tizayuca, Gabriel García Rojas, expresó que Santa Lucía sería la mejor opción por su cercanía con el municipio, de hecho, entrada hacia el sur de Hidalgo.

Durante el mandato del gobernador Jesús Murillo se pugnó porque una nueva terminal aérea tendría como sede ideal Tizayuca.

En la misma tesitura continuó su sucesor, Manuel Ángel Núñez, pero a la postre, un tanto silenciosamente, se desechó.

De la sede del nuevo aeropuerto se han puesto sobre la mesa pros y contras.

Entre otros, a favor de Texcoco, la cercanía con la Ciudad de México, generación de empleos y atracción de inversionistas, centro de conexión internacional, mayor capacidad de pasajeros, terreno adecuado de 5 mil hectáreas, financiamiento ya del 69 por ciento y avance en obra del 20 por ciento.

Y en contra:
Incremento en el costo de construcción de 185 a 285 mil millones de pesos, en la primera fase, retraso de cuatro años, también primera fase, culminando en 2024, dejarían de operar el actual aeropuerto y la base de Santa Lucía y, no menos importante, impactos ambientales negativos.

Por Santa Lucía:
Menor costo de obra y mantenimiento, mejores condiciones para operar y bajo impacto ambiental, seguiría en servicio el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se habilitaría Toluca, estaría listo en menos tiempo.

Opuestos:
Las aerolíneas tendrían complicaciones logísticas y otros costos, posibles pérdidas económicas por cancelación de Texcoco, negociar con acreedores y contratistas afectando el Presupuesto Federal 2019 y posible impacto negativo en mercados financieros.

En la consulta seguramente se pulsarán esos pros y contras, sin olvidar el peso definitorio que al final tenga lo expresado por López Obrador.

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