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Pachuca

La coordinación de investigación de vehículos robados, recuperados y devueltos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) obtuvo prisión preventiva justificada para un joven de 18 años por la reincidencia en el delito de robo de auto.
El 17 de octubre, el joven fue detenido por el robo de un automóvil Nissan Tsuru 2004 en la colonia Ampliación Santa Julia, por lo que se inició la carpeta de investigación con NUC 12-2016-10461.
El dueño reportó el hecho delictivo al 066 y de inmediato se realizó un operativo en el que participaron diversas fuerzas policiacas y lograron detenerlo agentes de la Policía municipal de Pachuca en la colonia Santa Gertrudis, a punto de ingresar a un predio, donde en inspección desde el exterior realizada por agentes de la dirección general de la Policía de investigación (DGPI) observaron que al interior había otro Tsuru desmantelado, por lo que lo reportaron ante el agente del Ministerio Público adscrito a la coordinación de vehículos robados.
Debido a que el robo de auto no es un delito grave y a que la víctima llegó a un acuerdo con el detenido y su abogado particular, le pagó un monto en concepto de reparación del daño que ascendió a 20 mil pesos y obtuvo su libertad, hechos asentados en la causa penal 263/2016.
No obstante, el 26 de octubre el mismo joven fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público por tener en posesión un automóvil Nissa Sentra 1997, el cual había sido robado esa mañana en la colonia Flores Magón, de Pachuca.
Junto con el imputado, fue detenido también su hermano, quien por tener 12 años fue remitido a la subprocuraduría de derechos humanos y servicios a la comunidad para que siga su procedimiento en el juzgado especializado en justicia para adolescentes.
El caso fue judicializado bajo la causa penal 280/2016 y la PGJEH solicitó al juez de control que concediera la orden de aprehensión en contra del joven, ya que a pesar de que el delito no amerita prisión, debido a la reincidencia, se consideró como necesaria su detención. Al verificar los antecedentes, el juez determinó la prisión preventiva justificada y fijó el término de cuatro meses para el cierre de la investigación. La sentencia que podría alcanzar es de entre cuatro y ocho años de prisión.

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