El fast track en la jerga legislativa es aquello que se aprueba sin el debido consenso de los grupos parlamentarios, sin análisis profundo del tema y que en consecuencia tiende dictaminarse en lo oscurito. Así es como se acostumbra en los congresos de México, en el federal y los estatales, donde la democracia es complicada y, en la mayoría de los casos, detrás de cada albazo existen intereses mundanos. En menos de una semana, dos días para ser exactos, el Poder Legislativo de Hidalgo deliberó los nombramientos de Raúl Arroyo González y Sergio Zúñiga Hernández como procurador de justicia y subprocurador de asuntos electorales, respectivamente. Ello, derivó evidentemente en la protesta del grupo parlamentario saliente y electo del Movimiento Regeneración Nacional, una bancada crítica, ajena a intereses particulares, y que promete ser contestataria a aquello que apeste a corrupción. Con 22 votos a favor y seis en contra, y luego de más de una hora de debate, Sergio Zúñiga fue designado para encabezar la subprocuraduría de asuntos electorales de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH). Frente a la protesta de morenistas, el nuevo fiscal se envalentonó al afirmar que no se someterá al procurador de justicia o al gobernador, contrario a Arroyo quien en su primera declaración a la prensa demostró entera sumisión al jefe del Ejecutivo. Un guiño del subprocurador a la oposición, fue refrendar su propuesta de incrementar las penas por delitos electorales. Proyecto paralelo a uno de los 12 puntos dados a conocer la semana pasada por Andrés Manuel López Obrador a su bancada electa en el Congreso de la Unión. El proyecto de reforma para terminar con fueros y privilegios, incluye modificar el artículo 108 de la Constitución para agregar que puede ser juzgado el presidente en funciones por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Pero volviendo al tema, la presidencia de la junta de gobierno del Congreso local adelantó que está en puerta la renovación del ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH). De esa manera, antes de que la ola guinda aterrice en la palacio legislativo del sector primario, alguien con interés lóbrego pretende blindarse y obtener cierto grado de poder en organismos como la PGJEH y la CDHEH. Esa estrategia es clara, pero es más diáfano aún que los morenistas no serán patiños de nadie. De filón. A una semana del desalojo de ambulantes de las calles de Pachuca, el comercio formal no tiene efectos palpables de una posible recuperación económica. La crisis es la crisis y esa, hasta ahora, nadie la expulsa.

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