La teoría económica clásica tiene dentro de sus preceptos básicos la famosa ley de la oferta y la demanda, señalada como la premisa básica para explicar el comportamiento de productores y consumidores que se ponen de acuerdo para ir al mercado para satisfacer sus necesidades mediante la compra-venta de las mercancías.
Sin embargo, varios agentes que intervienen en la economía de mercado se comportan fuera de los acuerdos establecidos, ocasionando distorsiones y amenazando la operatividad de las instituciones. De hecho, casi siempre dos o más agentes que se comportan de manera anómala actúan en contubernio para conseguir sus propios intereses, es decir, bajo el amparo de la corrupción.
Para muestra un botón y el hilo que lo sostiene. El huachicoleo (término utilizado en México para denominar al robo de hidrocarburo en los ductos de Pemex) es una actividad que muestra varios elementos de análisis para los expertos del mercado de hidrocarburos y los tomadores de decisiones, pero desde luego para la formación de opinión pública que permita generar estrategias y contrapesos para solucionar la problemática.
El robo de combustible es una delito del fuero federal que atenta contra la infraestructura energética-estratégica del país, en consecuencia, toda la cadena de la renta criminal obtenida por esta actividad debe de ser enmarcada y sancionada bajo la configuración de un delito que vulnera la seguridad energética nacional.
El huachicoleo es una actividad que requiere de la participación de varios agentes que están perfectamente sincronizados. Las tomas clandestinas halladas por la autoridad muestran que existe conocimiento técnico especializado sobre el flujo del hidrocarburo y los requerimientos mínimos para su extracción. Asociado a ello, también participan transportistas de esta mercancía, de hecho la autoridad responsable en Hidalgo ha reportado un incremento en el aseguramiento de huachicol y de automóviles propios para esos fines en los últimos meses.
Esa actividad se realiza en una territorial administrativa cobijada en la figura del municipio, por lo que las corporaciones de Seguridad municipal son las primeras que deberían tener conocimiento de los acontecimientos, porque son el contacto directo con la ciudadanía y de todo lo que ocurre en su jurisdicción. Entonces o se es cómplice o se carece de estrategias para la detección y prevención de esa actividad ilegal.
Tristemente, este delito se concreta porque existe un consumidor de huachicol que se mueve como un agente racional más, obnubilado por los mejores precios que le ofrecen por el combustible robado. Entonces, existe una complicidad social de una parte de la ciudadanía que sabe dónde y quiénes venden esa mercancía ilegal, pero que seguirán comprando a pesar de los riesgos.
En suma, se trata de una cadena de responsabilidades que sostienen ese delito. Por ello, las autoridades administrativas responsables de la paraestatal deben solicitar al Ejecutivo se implementen acciones y estrategias para detectar el posible contubernio de sus (ex) trabajadores con el huachicoleo.
Por otra parte, los aseguramientos de tomas clandestinas y recuperación de combustible robado se han incrementado en Hidalgo en los últimos meses, lo que muestra que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la coordinación de Seguridad estatal, ha establecido acciones de mayor calado para contener este delito. En consecuencia, el siguiente eslabón que corresponde al de la impartición y procuración de justicia debe fortalecer sus procesos de inteligencia para detectar y sancionar a todos los que se benefician de la renta criminal obtenida por el robo. La lucha frontal de una institución contra el delito será insuficiente si del otro lado su homóloga responsable de impartir justicia no imparte el debido proceso de sanción a los agentes ilegales y los de deje libres por un mal procedimiento o debido a lagunas jurídicas.
“Mientras exista demanda de huachicol seguirán existiendo vendedores de huachicol”, parece una reflexión muy básica, pero no lo es si de fondo reconocemos que este problema es un asunto de responsabilidad compartida, entre las autoridades que contienen y sancionan el delito, pero también de los consumidores que insisten en comprar en mercados ilegales.

Con la colaboración de: Héctor Mendoza Islas, becario Conacyt.

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