Pachuca.-Los penales de Tula y Tulancingo presentaron durante los últimos cinco años consecutivos contemplados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condiciones de autogobierno y cogobierno según la recomendación 30-2017 emitida recientemente.
La recomendación general sobre condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la República mexicana explicó que cuatro centros de reinserción social (Cereso) de Hidalgo presentaron las condiciones entre 2011 y 2015.
Según la CNDH, los ceresos de Tula y Tulancingo tuvieron condiciones de autogobierno en 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, es decir, en los últimos cinco años registrados por la organización, el de Pachuca en los últimos cuatro y el de Actopan únicamente en 2013 y 2015.
A nivel nacional, 42 centros presentaron condiciones de autogobierno y/o cogobierno, durante estos cinco años consecutivos, entre ellos Tula y Tulancingo, de los cuales cuatro de la Ciudad de México representaron la máxima y 11 estados con un centro en estas condiciones representaron la mínima.

La recomendación

La CNDH emitió la recomendación 30-2017 por estas condiciones al secretario de Gobernación, gobernadores de 23 estados, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y el comisionado nacional de seguridad.
Argumentó que las condiciones de autogobierno/cogobierno se agravan debido al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada o con suficiente capacidad económica recluidos en centros estatales y municipales, quienes por lo general controlan el centro de reclusión, situación que es tolerada por algunas autoridades.
Dijo en el informe que el autogobierno/cogobierno trastoca y desnaturaliza el fin de la pena privativa de la libertad, invariablemente y que para la comisión la gobernabilidad de los centros de reclusión es un requisito indispensable para la consecución de sus fines por lo que constituye un requisito ético, jurídico y de protección que recae indefectiblemente sobre las autoridades.
Finalmente, emitió seis puntos que componen la recomendación en los que pide monitoreo a los penales, presupuesto penitenciario y más personal de seguridad. Además, identificar actos indebidos de funcionarios, programas de rendición de cuentas y capacitación permanente a personal de guardia y custodia.

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