La perspectiva económica y el bienestar para el 2017 son sombrías para más de 60 por ciento de los mexicanos, con un modelo económico privatizador que inició privatizando las empresas paraestatales, que dieron vida a la extinta economía mixta (social, privada y pública) era del Estado benefactor, pero el proceso privatizador va por la salud, la educación y el agua; ¿recuerdan lo que expresó el exdirector general de Nestlé Peter Brabeck-Lemathe? Dijo que el agua no tiene por qué ser un derecho humano, cuando la ONU reconoció en julio de 2010 al agua como uno de los derechos humanos fundamentales.
México es el de mayor consumo mundial de agua embotellada, 81 por ciento de los mexicanos la consumimos, el nivel per cápita era de 244 litros en 2015, le siguen Italia y los Emiratos Árabes; el boom del mercado del agua embotellada en México se detonó a partir de los sismos de 1985, cuando las autoridades aconsejaron que no se consumiera agua directa de la llave porque los lugares de almacenamiento estaban contaminados.
Dada la desconfianza en el abastecimiento de los sistemas públicos de agua, como del llamado estrés hídrico y la portabilidad del agua embotellada, se consolidó el mercado del agua embotellada.
La falta de una regulación adecuada se evidencia en la distorsión del mercado, dado que a pesar de que existen más de 7 mil empresas purificadoras y distribuidoras de agua, 80 por ciento del mercado está en tres empresas, claro, son trasnacionales: Coca Cola con Ciel; la francesa Danone con Bonafont y Pepsico con Epura. Estas empresas pagan de 0.19 a dos centavos el litro de agua extraído del subsuelo, para vender ese litro 500 veces más caro en el mercado.
Por lo que el valor del mercado del agua embotellada en México es de 133 mil millones de pesos, razón por la que esas grandes empresas no quieren que el agua sea un derecho humano.
Las trasnacionales respetan los derechos que no afecten su mercado y su rentabilidad de capital, aunque haya más de 4 mil millones de seres humanos sin agua en el mundo.
El mercado del agua embotellada es un botón de muestra de lo pernicioso de la libertad de mercado sin regulación, desde la perspectiva de los derechos humanos, y de sustentar el crecimiento de la economía mexicana en la privatización a ultranza, sin mediar el bienestar social, lo que significa poner la rentabilidad económica por encima de la humanidad, al servicio de la acumulación de la riqueza por un sector minoritario, lo que profundiza la brecha entre los que muchos tienen, llamados plutocracia, y los que carecen de lo más elemental, como salarios dignos, educación, salud y seguridad, hoy considerados como precariado.
Ya se ha mencionado en este espacio lo dramático de la situación de las más de 4 millones de mipymes que solo patentan 0.8 por ciento, lo que evidencia su falta de competitividad; las capacidades tecnológicas para ser más productivas no las desarrollarán ni solas, ni en un año.
Cabe mencionar que en el reciente informe publicado por la OCDE denominado Perspectivas económicas para América Latina 2017, se identifica que el desempleo en los jóvenes mexicanos es mayor que en los adultos, ya que en los primeros la tasa de 7.7 por ciento y en los segundos 3.3 por ciento, situación que se agudiza en la informalidad, dado que en los adultos es de 56.7 por ciento y en los jóvenes alcanza 69.5 por ciento.
Las condiciones de pobreza y desigualdad prevalecerán en los siguientes años, donde los derechos humanos tienden a ser letra muerta frente a la voracidad de las ganancias de las empresas trasnacionales que no generan derramas tecnológicas ni transfieren conocimientos, así como la corrupción en alianza con la criminalidad que han hecho de la violencia el gran obstáculo para el desarrollo de las mipymes por ser las que más asaltan, ahí está Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, bueno, en qué entidad federativa no hay el pago de piso a los criminales, es el impuesto del terror el más caro, y eso que este 10 de diciembre fue el Día de los Derechos Humanos. ¿Y nuestras autoridades? Subiéndose el sueldo.

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