Cuauhtémoc Granados Díaz

El fin primordial del derecho y las ciencias jurídicas es posibilitar la coexistencia humana manteniendo un orden social que solo puede ser alterado o violentado por dos razones –y si algún amable lector encuentra una tercera razón por la que se perturbe el orden social tendrá mi admiración y será candidato a recibir el premio Nobel–, razones por las que se rompe la estabilidad pública es por causas atribuibles a la conducta de la gente y por los fenómenos de la naturaleza.

Por el comportamiento deliberado del hombre hay guerras, delincuencia, inestabilidad, ingobernabilidad, polución de la atmosfera y los mares, destrucción del medio ambiente y una serie de patologías que destruyen la paz pública en mayor o menor medida, dejaremos por ahora de lado la influencia de la conducta en la alteración del orden, nos avocaremos a la influencia de la naturaleza en la alteración o rompimiento del orden, la paz pública se puede ver rota por tsunamis, sismos, huracanes, tormentas, tornados, inundaciones y desde luego el brote de enfermedades colectivas conocidas como pandemias. La Organización Mundial de la Salud define a la pandemia como: “la propagación mundial de una enfermedad que se produce cuando surge un nuevo virus que se expande por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él”.

A lo largo de la historia universal han habido múltiples episodios lacerantes a los colectivos sean estos humanos o no, los abuelos cuentan de la llamada fiebre aftosa a mediados del siglo XX que en México causó la muerte y sacrificio de ganado que dejó en la miseria a miles de campesinos, la población de determinados países o regiones y hasta mundial se han visto devastadas por fenómenos de la naturaleza o por las enfermedades que implican contagios grupales que también son un hecho natural; una de las historias que hemos escuchado es que los dinosaurios en la edad de piedra se extinguieron porque un meteorito (del tamaño del estado de Hidalgo) se impactó contra la tierra, si esas especies no hubieran desaparecido seguramente ya habrían sido sometidas por el hombre como se ha controlado a todo el reino animal, incluso por irresponsabilidad muchas especies se han extinguido, los humanos sobresalen como el ente más poderoso de los seres vivos por su capacidad de pensar, pero eso es cuestionable si hablamos de las bacterias o agentes microbiológicos, un hombre puede enfrentar, acabar o dominar a una bestia gigante pero no a un microbio, que en muchos casos lo lleva a la muerte.

Escuché decir hace poco a un médico especialista en salud pública que así como un edificio está hecho de tabiques, el cuerpo humano está hecho de células y los virus son tan pequeños que viven dentro de las células por lo tanto la ciencia médica se ha topado con fuerte pared al pretender encontrar un antídoto que mate al virus sin que se mate a las células.

Ello implicaría la muerte de una persona y sería más letal el remedio que la propia enfermedad, se trata de aniquilar al microbio que produce a la enfermedad y no a la persona, por eso es que ante el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) ha sido difícil hallar el medicamento que acabe con el virus que lo produce como sucedió en su momento cuando Fleming descubrió el hongo que acabó con múltiples infecciones o al vencerse el microbio que ocasionó la tuberculosis y la viruela.

Los fenómenos de la naturaleza, por supuesto, que alteran el orden público de una determinada colectividad sea pequeña, regional o mundial y desde luego que generan consecuencias jurídicas, en México, por ejemplo, cuando han ocurrido huracanes de la magnitud del Gilberto, acontecido hace ya muchos años, es cuando se ha tomado conciencia de que las grandes cadenas hoteleras han invadido irresponsablemente la zona de playas, que han cobrado vidas humanas y cuantiosos daños materiales, desde luego que eso pone a los consorcios en una situación de responsabilidad civil conjuntamente con los diseñadores y empresas constructoras que los edificaron y de refilón con la autoridad administrativa municipal que concedió la licencia de construcción y operación, de hecho, no solo se trataría de responsabilidad civil sino también trasciende a la responsabilidad penal cuando la naturaleza deja al descubierto la actuación irresponsable de la gente.

En 1985, México vivió un terremoto que dejó ver una falta de planeación urbana y una gran cantidad de corruptelas en las que incurrían empresas y autoridades en edificar irresponsablemente su infraestructura, esa sacudida natural originó responsabilidad civil de industrias cuando al venirse abajo sus instalaciones causaban daños a terceros y responsabilidad laboral por los decesos de sus trabajadores. En 2017, justamente un 19 de septiembre, mismo día y mes que el siniestro de 1985 en la Ciudad de México, aconteció otro temblor en el que también se derrumbaron muchos edificios, famoso es el de un colegio en el que resultaron muertos muchos niños, las investigaciones dejaron al descubierto la mala calidad de la construcción y la corrupción de servidores públicos que en su momento la avalaron, por tal situación la dueña de esa escuela y algunos funcionarios del gobierno capitalino, se dice, están en prisión.

Las pandemias son fenómenos naturales que también pueden generar consecuencias jurídicas en diversos supuestos, estas dejan al descubierto la mala calidad en la edificación de hospitales que, más que ocasionar responsabilidad civil de autoridades y constructores, generan el descontento social y la perdida de la confianza ciudadana, en ese sentido, se puede decir que no solo es la consecuencia jurídica relativa a la reparación de daños y perjuicios, sino que el descontento social es mayor.

Las pandemias obligan a médicos y enfermeras de hospitales públicos a atender a la población, sin poder rehusarse a curar a la gente infectada por temor a su propio contagio ya que ello equivaldría a que el bombero o el salvavidas no asuman el riesgo de realizar su trabajo para el que fueron contratados. Incluso si un médico es egresado de una universidad pública tiene el deber jurídico y moral de atender a los enfermos o lesionados en caso de calamidades públicas, ya que, precisamente fue el dinero público el que le dio su profesión.

Si el patrón o administrador de una empresa obliga a trabajar a los empleados durante una cuarentena por pandemia, desde luego que si hay contagios y ya no se diga por las defunciones, asume responsabilidad civil, laboral y de carácter penal por su imprudencia.

Si un prestador de servicios públicos tiene contacto directo con la gente y no toma las medidas de prevención necesarias, en caso de contagio también adquiere responsabilidad civil y responsabilidad penal a titulo culposo que le pueden generar la pérdida de su patrimonio como indemnización y la cárcel al no haber observado un deber de cuidado que, por razón de su actividad, estaban obligados a observar.

En tiempos de cuarentena por pandemia la persona que, a sabiendas de su enfermedad, contagie a otra por no seguir los cuidados necesarios para evitar la propagación adquiere responsabilidad penal por su imprudencia, y si un infectado intencionalmente contagia a otro con el fin de dañarlo en su salud o privarlo de la vida, comete el delito de contagio de enfermedades u homicidio por el que puede ser enviado a la cárcel.

Otra consecuencia jurídica que se puede dar por una pandemia es que los jefes de Estado puedan restringir o suspender los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el caso particular de México, esa disposición está consagrada en el artículo 29 de la Constitución General de la República que, entre otras cosas, establece que en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de la República, con aprobación del Congreso de la Unión o de la comisión permanente, podrá restringir o suspender en todo el país o lugar determinado los derechos y las garantías para hacerle frente.

No han faltado en nuestro país algunos gobernadores que, tal vez con el noble argumento de frenar una contingencia o la propagación de una enfermedad, pretendan mediante un simple acuerdo suspender derechos humanos fundamentales como la libertad de tránsito, aunque se trate de razones humanitarias y hasta justificadas, es notoria la violación a lo que dispone la Ley Suprema ya que la suspensión o restricción de derechos es facultad exclusiva del presidente de la República.

En suma, a lo largo de la historia han habido múltiples fenómenos naturales que ocasionan efectos jurídicos, de hecho el propio nacimiento o la muerte de una persona traen aparejadas esas consecuencias; pandemias han habido muchas como la malaria, el cólera, la peste bubónica de la edad media, y algunas controladas como la tuberculosis, influenza o el mismísimo sida, solo una desterrada por completo como la viruela, algunas pandemias han surgido al fusionarse los actos humanos y la influencia de la naturaleza como cuando a causa de las guerras las montañas de cadáveres apilados han generado pestes, el coronavirus que afecta gravemente las vías respiratorias de los humanos llegó en 2019, de ahí lo del Covid-19 y tal vez llegó para quedarse.

Las potencias trabajan a marchas forzadas para erradicarlo o controlarlo, ojalá lo logren y sea rápido, de una cosa podemos estar seguros que el mundo después del 2020 ya no será el mismo, los gobiernos de los países estarán obligados a estar preparados ante un brote o pandemia que dañe la salud pública, so pena de recibir una responsabilidad moral, histórica, y sobre todo jurídica por su falta de previsión, todo ello con su respectivo costo político.

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