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Por Dr. Mario Cruz Cruz, profesor investigador ICEA-UAEH y Dr.  Raen Sánchez Torres, asesor legislativo

Una semana después del primer debate de candidatos presidenciales en México, se publicaron las primeras encuestas que retrataron los impactos del careo entre los aspirantes, concretándose así el primer aviso confiable de las tendencias de las preferencias rumbo a la elección presidencial de 2018. Esas tendencias marcaron lo que parece ser el camino hacia el triunfo de la opción que representa Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Del mismo modo, en el segundo debate presidencial se reiteró un escenario favorable para el mismo candidato opositor y, que incluso, podría contar con un Congreso de la Unión a su favor.
Así, las primeras cifras hechas públicas en medios de comunicación sobre la posible nueva integración del Poder Legislativo apuntan a que en el Senado de la República el nuevo poder político encabezado por Morena tendría entre 54 y 71 de los 128 senadores; mientras que en la Cámara de Diputados lograría entre 236 y 298 de los 500 espacios. Si consideramos la media aritmética en ambas estimaciones, estaríamos hablando de 63 de los 128 escaños senatoriales y alrededor de 267 de las 500 curules repartidas para ese grupo político.
Lo anterior significa que en votaciones ordinarias en el pleno de la Cámara de Diputados el nuevo poder en turno tendría la mayoría, y para votaciones constitucionales únicamente tendría que convencer a 65 de sus rivales para transformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en el Senado de la República solo requeriría convencer a dos legisladores para obtener la mayoría en votaciones ordinarias y 23 para lograr cambios constitucionales.
En contraste, el oficialismo de Peña Nieto operó la mayor parte de la actual 63 Legislatura en la Cámara de Diputados (2015-2018) con la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Encuentro Social (PES), Partido Nueva Alianza (Panal) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sumando 264 diputados y 60 senadores del PRI y del PVEM.
Esto significa que si hoy fueran las elecciones y el Congreso se definiera con la media aritmética que ofrecen los sondeos públicos sobre los candidatos morenistas, el eventual grupo en el poder tendría tres legisladores más en cada Cámara para apoyar al nuevo presidente AMLO, en contraste con lo que Enrique Peña Nieto tuvo desde 2015.
Sin embargo, si AMLO llega a alcanzar su máximo de votación estimada, tendría la mayoría para votaciones ordinarias en ambas cámaras y estaría a solo 16 escaños senatoriales y 35 diputaciones de la mayoría calificada para efectuar las reformas constitucionales que él proponga. Ello, sin mencionar la posibilidad de designar a una gran cantidad de funcionarios en espacios como el consejo de la judicatura federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por mencionar algunos.

La democracia participativa nos exige la vigilancia ciudadana

En consecuencia, quienes asumimos que la ciudadanía debe de ser crítica y reflexiva con todos los candidatos de todos los partidos, también creemos que en el Congreso de la Unión debe existir siempre un contrapeso ciudadano. Porque de igual forma que no estamos de acuerdo con los métodos del oficialismo priista histórico, que enmudecía o anulaba a la oposición, imponiéndose insensiblemente en abusos como el llamado gasolinazo; la impunidad confirmada en los juicios políticos desechados; los ministros a modo; el gasto irracional que no atiende los problemas de la sociedad, o las reformas truncas a contentillo del poder presidencial, debemos pensar siempre en el sentido de nuestro voto en todos los espacios de poder público, de manera tal que se asegure siempre un espacio de diálogo y la construcción de consensos representados por el contrapeso de poder ciudadano señalado en la Constitución.
Una de las consignas del filósofo liberal Lord Acton, dice que “el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente”. Seamos responsables y aceptemos que si la mayoría decidimos por un cambio, ese cambio debe pasar siempre por el diálogo y el debate ciudadano. La historia ofrece una gran cantidad de ejemplos para entender que el diálogo no se otorga, se conquista y el debate no se concede, se construye. Por ello, hoy como siempre, hay que evaluar detenidamente no solo a quién otorgar nuestro voto en la presidencia de la República, también tenemos que ser muy conscientes del sentido de nuestro voto en el resto de los espacios de representación popular y los efectos de esa decisión.
México decidirá en las urnas el próximo primero de julio, donde se debe de respetar la decisión popular y estar muy de cerca de nuestros representantes una vez elegidos, porque somos ciudadanos comprometidos con nuestro tiempo y no fanáticos de coyuntura electoral.

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