Pachuca.- Ejidatarios de Tolcayuca solicitaron al gobierno del estado y autoridades correspondientes su pronta intervención ante un conflicto ejidal que puede tornarse violento, ello debido a la malversación de fondos y abuso de confianza de la comisariada, quien pretende reelegir a su esposo para sustituirla en el cargo.

Campesinos del Ejido de Tolcayuca relataron a Libre por convicción Independiente de Hidalgo que hace seis años iniciaron los problemas en el núcleo ejidal al que pertenecen, ya durante el periodo 2013-2016 una persona que responde a las iniciales de AJE era comisariado pero hizo un saqueo de los bienes del ejido, explotando una mina de cantera sin rendir cuentas y sin informar el destino de maquinaria propiedad del gremio.

Sin embargo, en 2016 al concluir su periodo, propuso como comisariada a su esposa MPRP, quien autorizó que la empresa Gas Natural de la Huasteca construyera el gasoducto Tuxpan-Tula que atraviesa el Ejido de Tolcayuca, que ofrecía 900 mil pesos de indemnización por la afectación del uso común, sin que los 404 ejidatarios estuvieran conformes.

En asamblea el 23 de octubre de 2016, hicieron una negociación con la empresa para el paso del ducto, con una indemnización de 25 millones de pesos para los 404 ejidatarios, correspondiéndoles 61 mil 881 a cada miembro.

Descubren engaños

Posteriormente, le pidieron el contrato de cómo había quedado y ella se los negó; por lo que buscaron en las instituciones correspondientes hasta que tuvieron la copia y encontraron que la comisariada cobró 36 millones 250 mil pesos, 11 más de lo que les informó.

Después, los afectados solicitaron al Registro Agrario Nacional la copia de las actas en las que Patricia Reyes indicó que la asamblea le autorizó que manejara el dinero en una cuenta a su nombre, lo cual no fue así, porque los ejidatarios le pidieron que fuera una cuenta mancomunada con el órgano colegiado; pero para tener validez ocupó las firmas de las hojas del registro de asistencia a las asambleas y las utilizaba para inventar acuerdos, por lo que abusó de su confianza.

Ante esa y varias anomalías que detectaron en su administración, los ejidatarios decidieron abrir una carpeta de investigación contra la comisariada saliente ante el Ministerio Público (MP) con sede en Tizayuca, que quedó con el número 12/2017/13708.

Relataron que la primera jueza de control le congeló la cuenta a María Patricia y los derechos, sin embargo, pidió prórroga; y cambiaron a la juez, siendo Janet Montiel Mendoza, quien le dio libertad porque no encontró elementos para vincularla a proceso, pero pidió que siguiera aportando pruebas.

Después de dos años de proceso, apenas el 22 de mayo se le giró un exhorto que ya aparece en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para que en 72 horas presentara dichas pruebas o fuera sancionada con multa y arresto.

Por lo anterior, los ejidatarios pidieron la intervención del gobierno estatal para que se proceda conforme a derecho; además que implementen los operativos de seguridad necesarios ya que el 2 de junio realizarán la asamblea para elegir al nuevo comisariado, y el ambiente entre el gremio puede resultar violento.

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