A raíz de lo ocurrido con la construcción del nuevo aeropuerto ¿también terminó la “Luna de miel” entre el presidente electo y algunos de los medios de comunicación más influyentes? Por lo visto, leído y escuchado, sí.

Y qué bueno que así sea. A un Estado democrático no le hace bien tener medios sometidos o serviciales con el poder político, como ha ocurrido durante décadas, ni un poder político sometido al poder de los medios, como ocurrió durante los sexenios de la alternancia.

El cambio político que estamos viviendo también comienza a generar una nueva relación entre el gobierno federal y el presidencialismo con los medios de comunicación.

Es un cambio inédito, que pudo haberse materializado durante los gobiernos panistas, pero no se hizo lo suficiente para lograrlo porque tocaba acuerdos o intereses en común.

Recuérdese que Vicente Fox y Felipe Calderón claudicaron en su objetivo de modificar la ley en la materia para promover mayor competencia, pluralismo e inclusión en la radio y la televisión, así como en la necesidad de establecer nuevas reglas democráticas en su trato con los medios impresos. Es más, en su haber están una mayor concentración en los mercados, la Ley Televisa, el regalo del refrendo de las concesiones de televisión hasta el año 2021, las cabezas de los periodistas José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui, entre otras “perlas”.

La presidencia de Enrique Peña Nieto fue, en contra de todos los pronósticos, más innovadora en la transformación que han tenido los sectores de radio, televisión y telecomunicaciones. La mayoría de los aciertos de la reforma constitucional y de la legislación secundaria fueron posibles por los acuerdos derivados del Pacto por México, pero también por la voluntad del presidente y de su partido. Luego se arrepintieron de algunas decisiones, pero es innegable que sí hay un antes y un después en la regulación del sector, en particular por la creación del órgano regulador autónomo, el reconocimiento de los medios comunitarios, el nuevo régimen de concesiones, el establecimiento de tribunales especializados y otras medidas de política pública.

La reforma estructural en telecomunicaciones alteró las reglas del juego, aunque varios de los vicios de la relación entre lo más rancio del presidencialismo del PRI y buena parte de los medios persistieron durante el peñismo. Fue un sexenio de censura directa o indirecta a periodistas, de espionaje, de autocensura, de medios comprados o sometidos a través de la publicidad gubernamental, de complicidad con la corrupción en el gobierno federal y los gobiernos estatales. Y, claro, de impunidad por los asesinatos y agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Durante las elecciones de este año, producto de esa relación, algunos medios le apostaron todo al candidato del PRI, otros mostraron una mayor apertura y fueron hasta complacientes con López Obrador. Al oficializarse su triunfo, se apreció esa “Luna de miel” que comentamos inicialmente, pero conforme transcurrieron las semanas se fue diluyendo. Diversos medios y periodistas han sido observadores críticos de candidatos de Morena, de los nombramientos de próximos funcionarios, de las contradicciones de las declaraciones del presidente electo y su equipo cercano y más. Sin embargo, lo que derramó el vaso de agua ha sido el aeropuerto. Ni siquiera la reversión de la reforma educativa generó un rechazo tan contundente en medios de comunicación.

Habrá que entrar a detalle para saber cómo los medios han llevado a cabo la cobertura periodística sobre la consulta, qué tan equilibrados o plurales han sido, pero me da la impresión que han dominado las voces de rechazo por la opción de Santa Lucía, en entrevistas, al igual que en las intervenciones de los analistas. En su discurso ha prevalecido una buena dosis de fatalidad, de alerta, de escenarios catastróficos, que contrasta paradójicamente con el sentido de la votación del fin de semana.

A las críticas, López Obrador ha respondido sin mesura, sin cuidar demasiado las formas. Y en ese afán de calificar (“muy bien portaditos”) y descalificar (“prensa fifí”) mencionó la semana pasada con nombre y apellido al periodista Carlos Loret de Mola, de Televisa. Ardió Troya. No recuerdo un encontronazo de esa naturaleza entre un presidente electo y un comunicador, pero fue un valioso elemento para cuestionar, una vez más, las declaraciones de López Obrador en torno de los medios y para ensalzar –para mí en demasía– la imagen del periodista, que ha dicho que no callará ante “ya saben quién”.

López Obrador, como lo han advertido diversas organizaciones, puede con sus declaraciones inhibir la libertad de expresión de medios y periodistas, pero hasta ahora no hay una sola acción administrativa, en el uso de los recursos públicos, de espionaje, de intervención directa en las decisiones editoriales, de acoso policiaco, que haya tomado él o su equipo, porque simple y sencillamente no tienen las riendas del gobierno ni los recursos para hacerlo. Y confío que no lo harán cuando arriben formalmente al poder. En contraparte, ningún medio ha denunciado públicamente la existencia de alguna forma de presión directa o indirecta de quienes integrarán la siguiente administración.

Esta columna completa puede consultarse en la página de este diario www.elindependientedehidalgo.com.mx

@telecomymedios

Comentarios