En la Cumbre Internacional Progresista, recientemente celebrada en Argentina, científicos, filósofos y funcionarios se reunieron para debatir sobre las crisis que están sacudiendo a todas las naciones y todas la formas de vida, las depredadoras consecuencias del colapso del capitalismo en su fase neoliberal, tanto en lo económico como en lo ambiental, están arruinando las perspectivas de la humanidad, de no generarse un modelo alternativo económico-ambiental y socialmente incluyente, no habrá futuro para la humanidad.

Fue en esa reunión donde Chomsky advirtió que “la existencia de la humanidad enfrenta la convergencia de crisis de alto impacto sin fronteras, como las catástrofes ambientales, la amenaza nuclear, las pandemias de virus y bacterias, como la destrucción de las democracias y el riesgo latente de una guerra civil en Estados Unidos (EU).

En ese contexto, cobra relevancia el binomio cambio climático-crisis del agua, lo inesperado, es que por el calentamiento está acelerándose exponencialmente la producción microbiana de metano en las aguas dulces del planeta incrementando hasta un 140 por ciento sus emisiones, precipitando el calentamiento global a niveles nunca vistos.

Por diversas causas, siendo una de las principales el cambio climático, la desertificación avanza cada vez más rápido, estimándose que para 2025 cerca de mil 800 millones de personas vivirán una escases absoluta de agua.

Aunque la mayor parte del planeta esté cubierta de agua, el 97 por ciento es salada, solo 3 puntos porcentuales es dulce, pero el 2 por ciento está congelada en los glaciares y solo el 1 por ciento es la que se destina a las actividades humanas y ecológicas; anualmente, se extraen 4.3 billones de metros cúbicos de agua dulce de las cuencas hidrológicas, de los cuales el 70 por ciento se aplica a la agricultura, 19 a la industria y 11 al consumo humano.

En el caso de Mexico, 64 unidades porcentuales de los suelos del país presentan problemas de degradación, el más importante es la erosión hídrica que afecta a más de 72 millones de hectáreas del territorio nacional. México es un país que necesita agua como un factor estratégico.

En ese marco de referencia, los tratados internacionales del uso y distribución de agua revisten una importancia cada vez mayor como la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre EU y México que data desde 1889, pero en 1944 se le denominó “Tratado en Referencia para la Utilización de Aguas de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo”.

Si bien, las condiciones fueron desfavorables para México, cabe precisar que a partir del atentado ocurrido del 11 de septiembre de 2001, el tratado es observado como un Asunto de Seguridad Nacional, tanto para México como en EU, por lo que resulta una irresponsabilidad que por cuestiones electoreras en Chihuahua no se dimensione el riesgo de un conflicto internacional.

En noviembre de 2012, se firmó la minuta 319 por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la cual fue considerada como una renegociación del tratado de 1944, sobre todo en lo referente a las medidas respecto a los posibles efectos del cambio climático, se asentó en la minuta 319, aprobándola Felipe Calderón y su director de la Conagua, que ambos países reconocen un periodo interino en el cual se maneje el río Colorado a la luz de la variabilidad histórica y su potencial incremento futuro, debido al cambio climático, planteándose una reducción en las entregas de agua a México, en función de la altura de la superficie del lago Mead. En el tratado, no se definió en qué consiste la sequía extraordinaria, ante las perspectivas del siglo XXI.

Sin embargo, los siete estados norteamericanos realizaron, sin considerar a México, un plan para manejar el río Colorado en el contexto de una sequía de 19 años.

La Ley de Aguas Nacionales buscó sujetar el recurso hídrico nacional a las fuerzas del mercado, siendo la Conagua de ese entonces la impulsora de la privatización del agua, al grado tal que el 70 por ciento de las aguas concesionadas están en manos del 2 por ciento de los titulares, incluyendo 77 mil concesiones a privados cuando correspondían a territorios indígenas. La privatización de recursos estratégicos como el agua pone en alto riesgo a la seguridad nacional.

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