Los hechos sucedidos en Nochixtlán el pasado domingo deben esclarecerse porque significan una grave crisis para el gobierno federal y ponen en entredicho la actuación de las policías federal y estatal en el país. Ayer mismo organizaciones internacionales alzaron la voz para exigir al Estado mexicano un marco jurídico que regule el uso de la fuerza en conflictos como el que actualmente protagoniza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en todo el país. Lo anterior, porque son cada vez más frecuentes los hechos de violencia en los que queda en evidencia el uso irracional de la fuerza pública, lo mismo contra manifestantes, que contra presuntos delincuentes. Son muchos los ejemplos en los que las fuerzas del Estado actúan como si no hubiera ley e incluso se han documentado ejecuciones extrajudiciales, lo cual es propio de un estado de excepción. Nuestro país enfrenta una grave crisis de respeto a los derechos humanos, a las leyes que supuestamente norman la actuación de autoridades y de la población en general. No será posible una convivencia civilizada si esta asignatura queda pendiente. Anoche, el secretario de Gobernación Miguel Osorio aceptó que debe revisarse el marco legal que norma la actuación de las fuerzas del orden. Y después de lo ocurrido el domingo en Oaxaca, no hay tiempo que perder: el Legislativo federal debe atender de inmediato esta urgencia o de lo contrario seguiremos viendo escenas en las que policías federales disparan contra civiles en circunstancias poco claras que, como acusaron ayer manifestantes centistas, son propias de un Estado fascista. De filón. También es urgente que personal a cargo de la seguridad en las estaciones del Tuzobús reciba capacitación. No es posible que intenten prohibir que un fotoperiodista haga su trabajo en instalaciones que son públicas. ¿Esos policías privados y sus supervisores conocerán los derechos fundamentales de un mexicano?

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