A los árbitros en el futbol suelen cargárseles las culpas de las derrotas y, por supuesto, de los triunfos poco claros. Fue un partido pésimamente arbitrado, suele decirse cuando el aficionado sale del estadio con mal sabor de boca, insatisfecho del encuentro.
Lo mismo ocurre con el árbitro de la contienda electoral, es decir, el cuerpo colegiado que integra al consejo general del Instituto Nacional Electoral y que, excepcionalmente es reconocido por el arbitraje de un proceso comicial.
Y, sí, las elecciones que son, finalmente, encuentros entre pares que buscan el mismo objetivo, el poder, concluyen con diferencias mayores a las que hubo en el proceso.
Por eso la existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, formalmente nacido como lo que hoy es el INE a partir de la década de 1990, por necesidad política de quien había llegado a la presidencia de la República entre la sospecha de que, el entonces árbitro de la contienda, encabezado por Manuel Bartlett Díaz, hizo trampa y le dio el triunfo.
En el transitar de más de dos décadas, ambas instancias han sido reformadas, cuando en el presunto ánimo democrático del Poder Legislativo ha hecho enmiendas a las leyes electorales, que en realidad han respondido a urgencia del momento.
La consecuencia de esos galimatías legislativos, aprobados por mayoría en el Congreso de la Unión, es decir, con el acuerdo de los actores políticos, las ha vivido la democracia que no acaba de encontrar su ruta de vida formal y formativa ciudadana, porque responde una y otra vez a necesidades de grupo, a intereses que van más allá de la voluntad popular.
Por supuesto, el árbitro de la contienda electoral corre con las responsabilidades y culpas de lo ocurrido en un proceso, cuya conclusión, como en los partidos de futbol, siempre dejará a una de las partes molesta e insatisfecha, amén de decidida a acudir a los tribunales en busca de justicia. ¡Ajá!
Un ejemplo de ello es el caso Coahuila. En la sesión de ayer, salpicada de críticas poco agradables, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) acató la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y redujo los gastos de campaña de Miguel Ángel Riquelme, el priista que fue reconocido ganador de la elección de gobernador y que, después de todo un proceso de ires y venires del INE al TEPJ, dimes y diretes, resulta que no rebasó los topes legales de gastos de campaña.
El consejero electoral Ciro Murayama, presidente de la comisión de fiscalización del INE, criticó que la sala superior del TEPJF haya confirmado la sanción impuesta por el INE a Morena por 773 mil 260 pesos, porque fue extemporánea su respuesta cuando se le requirió presentar sus formatos de comprobantes de representantes de casilla, pero revocó al PRI algo similar, la entrega extemporánea de los comprobantes.
Murayama argumentó: “Creo que un principio de la impartición de justicia es tener la misma vara para todos los actores y aquí yo veo una diferente. La verdad legal la ha definido el tribunal, los hechos que observó el INE prácticamente ahí están y permanecen”. Y tiene razón.
El riesgo de abrir la puerta a prácticas irregulares e impunes, lo planteó el INE en esta sesión con este caso, toda vez que la modificación de las sanciones en diversos rubros concluyen que el entonces candidato a gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, postulado por la Coalición por un Coahuila Seguro, se ajustó al tope de gastos de campaña, cuando la evidencia demostraba lo contrario.
Vaya, incluso el consejero Benito Nacif estimó preocupante la resolución del tribunal porque, adujo, implica bajar los estándares de comprobación y generar un proceso de simulación de los partidos políticos que, con este criterio podrán no justificar gastos en el pago a representantes de casilla que antes sí se declaraban.
Incluso, la consejera Pamela San Martín llamó mala noticia que el TEPJF haya avalado que el PRI comprobara el no pago a representantes de casilla con documentos extemporáneos.
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, fue optimista y puntualizó que, pese a este panorama el instituto tiene todos los elementos y criterios para enfrentar el desafío de la fiscalización de 2018. ¿Será?
Estimo que los criterios y la exigencia de formalidades que el Tribunal Electoral ha planteado, “no van a hacer de la próxima, una fiscalización menos robusta, sino todo lo contrario”. Es posible, mas el caso Coahuila tiene muchas aristas que generan suspicacias. Los riesgos del árbitro que, al final de la contienda, deberá cargar con yerros propios y ajenos e incluso imposiciones. Conste.

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