El conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es resultado de un escenario muy complejo que expresa desde demandas muy justas y reivindicables como la lucha contra el acoso a las alumnas, como también la presencia de grupos delincuenciales y porriles que han sido identificados por la Fiscalía General de la República (FGR) (esa institución habla de ocho grupos identificados).

En ese complejo escenario están presentes grupos políticos de diferentes facciones que buscan beneficiarse y obtener cuotas de poder al interior de la propia universidad, están presentes también los intereses del gobierno y una cierta dosis de candor de las autoridades de la propia universidad, es decir, convergen y se catalizan en el espectro universitario, estados de ánimo, intereses, agrupaciones y demandas que van desde las legítimas hasta las facciosas.

Los paros en las preparatorias, colegios de ciencias y humanidades y facultades (que en algún momento han llegado a sumar hasta 15 instituciones) han formado una tormenta grave y peligrosa. Formalmente los paros de las escuelas y facultades se nutren de la protesta de estudiantes que exigen respuestas que frenen en un primer momento y eliminen cualquier expresión de acoso.

La UNAM cuenta con un protocolo e instancias que buscan atajar y atender esa problemática, aunque ciertamente las movilizaciones de universitarias indignadas muestran que, hasta ahora, han sido insuficientes esas medidas. Este esfuerzo, claramente escaso ha permitido que “desde 2016 hayan sido expulsados o despedidos 94 individuos acusados de distintas formas de violencia de género: 46 académicos, 18 estudiantes y 30 trabajadores o empleados. Otros 272 recibieron suspensiones o amonestaciones”, mencionó Raúl Trejo Delarbre.

La violencia de género es una preocupante realidad en los claustros universitarios, sin embargo, ese tema es capitalizado por gobernadores de distintos estados que no se resignan a respetar la autonomía universitaria. Gobernadores que reclaman para sí la universidad pública, como cuota de poder. Ese comportamiento autoritario, intervencionista, violatorio de la autonomía busca agudizar y hacer mas violento el conflicto. Ese movimiento encabezado prácticamente por mujeres, parte, como se ha señalado, de una demanda legítima, pero que busca ser usufructuada por los gobiernos estatales, el caso de la Autónoma de Hidalgo o Nayarit por citar algún ejemplo. En el caso de la UNAM, según la FGR, existen al menos ocho grupos que son los encargados de organizar marchas, protestas, desmanes y daños que se han ocasionado a la institución; entre los líderes de esos movimientos se han identificado chilenos (cuatro), argentinos (cuatro) y colombianos (dos). Su residencia la han establecido en el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, estas agrupaciones, que en los hechos son delincuenciales, han denominado a ese auditorio Che Guevara, el cual mantienen secuestrado desde hace 15 años. Esas organizaciones que viven de la distribución y venta de droga, son en esencia un grupo de narcomenudistas y ladrones.

La UNAM, la Autónoma de Hidalgo, las universidades publicas son horizontes de libertad del otro para expresar ideas o asumir valores, se trata del espacio que se abre al mutuo reconocimiento como personas libres y autónomas, relación que por tanto iguala a los hombres, justamente por el reconocimiento de su libertad. La universidad afirma Narciso Bassols “está en el deber de conservarse como un campo libre, abierto a la discusión, condicionado solamente por la objetividad y la honestidad de los que en ella trabajen”.

La embestida contra la UNAM es un ataque contra la democracia, la libertad, es un asedio que busca corroer las entrañas de la incipiente sociedad liberal que, con dificultad, se ha venido construyendo e impulsando. La universidad se encuentra atrapada en ese radicalismo irresponsable que fluye por abajo y también por encima de la realidad política. Al trastocarla se busca atraparla, desquebrajarla, impedir que continúe defendiendo la inteligencia, la libertad, el diálogo, la pluralidad, en esencia, la democracia liberal. En estas horas difíciles los gobiernos federal y estatal tienen como responsabilidad histórica respetar la autonomía universitaria, desenmascarar y encarar a los grupos y facciones políticas que desde la sombra buscan dañarla. El tiempo hacia el porvenir se llama: universidad pública.

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