Inicio Opinión Columnas El asesinato de Montesquieu

El asesinato de Montesquieu

342

“Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites”
Montesquieu

La división de poderes como tesis jurídica y política se le atribuye a Montesquieu desde hace 270 años, desde la publicación en 1748 de su libro Del espíritu de las leyes. En este se postuló básicamente que para que los ciudadanos alcancen su verdadera libertad es indispensable que el poder del Estado se divida en varios poderes que sirvan de contrapeso y se limiten entre sí.

Esa idea dio origen a muchos procesos de transformación en la historia moderna del mundo; es una idea que está plasmada en casi todas las constituciones políticas, no hay ninguna nación en el planeta que haya surgido de un proceso revolucionario que no tenga una Carta Magna que exprese esa idea como algo inherente a la vida republicana y democrática de sus ciudadanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo expresa en su artículo 49 y la Constitución Política para el Estado de Hidalgo en su artículo 26.

Sin embargo, se nos ha hecho costumbre e incluso hemos perdido la capacidad de asombro, cuando se eclipsa en el actuar político de nuestros representantes este principio básico que da sustento a nuestros regímenes políticos. En efecto, en las últimas décadas hemos presenciado, no solo en nuestro país sino en varias partes del mundo, cómo el comportamiento de nuestros actores políticos nos lleva a pensar que es mejor hacer desparecer de nuestro escenario político esta tesis –darle estocada de muerte– a pesar de haber articulado nuestras sociedades en estos casi tres siglos.

Tampoco es difícil encontrar hechos políticos que muestren la intromisión de uno de los poderes en las atribuciones de otro; los ejemplos pueden ser varios, pero basta recordar los más recientes como el caso del oportunismo legislativo que se ha vivido en las últimas semanas en Hidalgo, donde resulta evidente la intromisión del Poder Ejecutivo en las actividades del Legislativo, y también a la luz del debate expresado en los medios de comunicación en las decisiones del Poder Judicial.

Este asunto no es menor y tiene un trasfondo que desnuda las redes de toma de decisiones más profundas y tal vez más perdurables del sistema político del estado. El asunto de fondo es cómo hacemos política, de qué forma somos democráticos, es decir, de qué modo ejercemos nuestra libertad. Para algunos, hacer lo que quieran en beneficio de su interés es la expresión máxima de su libertad. Para Montesquieu es indispensable que esta libertad se subordine, es decir, que los deseos y las pasiones del hombre se encuadren en la racionalidad. Esto expresaría el control sobre sí mismo de cada individuo. En palabras del filósofo: “Libertad no es libertad para hacer lo que es irracional, estúpido o erróneo”.

En este contexto de realización de la libertad existe un problema inherente a toda sociedad: el poder político, que coloca en peligro estas libertades desde las pasiones y deseos del gobernante supremo. Para solucionar este dilema, Montesquieu ve potencial en la idea de la división del poder, encontrando una forma de limitar el poder, pero sin que se debilite su expresión y que al mismo tiempo garantice la libertad de los ciudadanos.

Así, se distribuye el poder del Estado encarnado en una persona en tres órganos diferenciados: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Cada uno de ellos con sus funciones y atribuciones específicas. En el caso del Legislativo, este es expresión de la voluntad del pueblo que se enuncia a través de las leyes; el Ejecutivo se encarga de cumplir dicha voluntad y el Judicial de juzgar los delitos y las diferencias entre particulares.

Por esta razón, intervenir en las atribuciones de otro poder distorsiona y debilita la expresión de la libertad de los ciudadanos, dificulta que el Estado garantice la libertad de los ciudadanos y la expresión de su voluntad política, y esto irremediablemente lleva a la destrucción de la democracia. No hay democracia sin división real de poderes.

Comentarios