Chimalhuacán, municipio del oriente mexiquense con más de 700 mil habitantes, hasta el 2000 estaba sumido en la más espantosa marginación y miseria. Puede decirse, sin faltar a la verdad, que su población carecía prácticamente de todos los servicios. En materia educativa solo había una escuela superior. Todo cambió con el arribo del modelo político Nuevo Chimalhuacán, que gobierna desde aquel año: hoy existen seis instituciones superiores. En servicios públicos e infraestructura urbana casi se ha logrado cobertura universal, existe un moderno sistema de drenaje pluvial para evitar inundaciones y una eficaz recolección de basura (hasta el 2000 se recogía con carretas tiradas por burros), los pozos de agua, antes negocios privados, hoy sirven a la comunidad. Se han construido importantes instalaciones de salud como el hospital materno-infantil o el Centro Integral de Salud Mental (Cisame). En materia cultural, se creó la escuela de artes y una orquesta sinfónica de alta calidad y recientemente abrió sus puertas un impresionante centro cultural: el teatro auditorio Acolmixtli Nezahualcóyotl. Se ha dotado a la Policía con un moderno y funcional edificio, vehículos y equipo que garantizan mayores niveles de seguridad. Personalmente he estudiado por años la región y la editorial Miguel Ángel Porrúa me ha publicado el libro Marginación urbana: el caso del oriente mexiquense, en cuyas dos ediciones doy cuenta de los resultados del modelo de desarrollo urbano de Chimalhuacán, en contraste con el de otros municipios de la misma región (Chalco, Valle de Chalco, Los Reyes La Paz y Chicoloapan). Pero hay un reto no superado, por ser de orden estructural: el empleo. De la obra citada comparto con usted, amable lector, algunos datos al respecto.
No hay en Chimalhuacán industrias grandes. La estructura está fragmentada, tiene bajos salarios, no hay estabilidad laboral ni prestaciones de ley; en cambio, en el bloque del noroeste del estado (Atizapán, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Tultitlán) hay, en promedio, 41 empresas grandes por municipio. En la industria manufacturera, por cada siete empleados en ese bloque, hay uno en el oriente; Toluca tiene 12 por ciento del empleo en el Estado de México. El promedio de empleados por empresa en 2003 fue de 23 en el noroeste, siete en el oriente y menos de tres en Chimalhuacán. En el estado hay 64 parques industriales, el segundo lugar nacional; en Toluca y Tlalnepantla 10 en cada municipio, en el noroeste, la mitad del total estatal, en el oriente cuatro y en Chimalhuacán ninguno. En cuanto al activo fijo por unidad económica comercial en 2006, mientras en los municipios del noroeste promediaban los 257 mil pesos (en Tlalnepantla 405 mil), en Chimalhuacán era de 56 mil. El valor agregado por persona en el comercio es de 404 mil pesos en el Valle de Toluca (Toluca, Metepec y Lerma) y en Chimalhuacán de 46 mil. El porcentaje de población ocupada que gana más de dos salarios mínimos en Metepec es de 75, en Huixquilucan 72, en Toluca 68 y en Chimalhuacán 54, apenas un poco más de la mitad. 46 por ciento de los hogares chimalhuacanos gana menos de 140 pesos diarios y si se divide esa cantidad entre los cinco integrantes de una familia, cada persona vive con 28 pesos, con los que debe cubrir sus gastos de traslado y otros.
Según estudio del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (2011), solo 30 por ciento de las personas ocupadas labora en el municipio, 40 por ciento de ellas con empleo permanente y 19.4 con contrato colectivo de trabajo, frente a 59.2 por ciento de quienes laboran fuera. Chimalhuacán es una ciudad dormitorio. 70 por ciento de quienes trabajan lo hacen en la Ciudad de México u otros municipios, y un alto porcentaje invierte hasta 50 pesos diarios en transporte y alrededor de 26 en alimentos fuera de sus hogares. 45 por ciento de ellos emplea hasta tres horas diarias en el traslado a sus trabajos. Los padres están normalmente ausentes y las mujeres que dirigen hogares están fuera todo el día y no pueden atender a sus hijos, dejándolos solos o al cuidado de vecinos.
Para enfrentar esta situación y crear empleos locales, estables, dignos y bien pagados, el gobierno municipal ha elaborado desde hace ocho años el proyecto Centro Estratégico de Rehabilitación Ambiental de la Zona Oriente (CERAO), un moderno parque tecnológico que generará 40 mil empleos permanentes directos y 80 mil indirectos, en clusters empresariales textil, manufacturero, de maquila, farmacéutico, automotriz, aeronáutico, servicios a empresas y tecnológico. En su diagnóstico y formulación participó un equipo de especialistas en economía, tecnología, urbanismo y medio ambiente de la UNAM, la UACh, la UAEM, la UAM, el CEMEES, el Centro EURE, la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y otras. El proyecto CERAO asignará 150 hectáreas para la instalación de un parque tecnológico con capacidad para albergar industrias ligeras no contaminantes; 20 para la Universidad Politécnica y 30 para el Centro Deportivo y Recreativo (41 canchas de futbol, beisbol, basquetbol, frontón y área de juegos infantiles). El CERAO ocupará solo una cuarta parte de las 800 hectáreas del predio Los Tlateles y en las 600 restantes se desarrollará un proyecto hídrico con dos vasos reguladores y una ampliación del lago Nabor Carrillo que operará la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Las 200 hectáreas del predio Los Tlateles que ocupará ese gran proyecto, todas áridas y salitrosas, sin uso agrícola ni forestal, fueron destinadas por la federación a Chimalhuacán y han desatado, sin embargo, una agresiva campaña mediática de políticos opuestos al progreso, incluidos senadores y líderes del PAN y el PRD, quienes critican al gobierno federal por “regalar a Antorcha Campesina” unos terrenos, según su dicho, en un supuesto acto de corrupción. Indudablemente faltan a la verdad. En principio, el Diario Oficial de la Federación, en su edición del 21 de julio, precisa categóricamente que el predio fue cedido al municipio, no a una organización; que 20 de las hectáreas otorgadas estarán destinadas a la Universidad Politécnica –un “organismo público descentralizado del gobierno del Estado de México”– y que las demás serán ocupadas por el CERAO. No existe nada oculto y no hay lugar para las sorpresas en el proceso. La gestión municipal se inició en 2008 y el compromiso del gobierno estatal se estableció en diciembre de 2012, siendo ya gobernador del estado el doctor Eruviel Ávila Villegas. Ese mismo año, la Cámara de Diputados etiquetó recursos para la elaboración del proyecto. Y sigue. Desde el 8 de diciembre de 2015, el Diario Oficial publicó la asignación de 20 hectáreas para la Universidad Politécnica y el 22 de ese mes la Cámara de Diputados del Estado de México autorizó la creación de una empresa paramunicipal con personalidad jurídica para recibir los terrenos y crear y administrar el CERAO, que será fondeado con inversiones públicas de los tres niveles de gobierno y del sector privado.
Tampoco hay, como se pretende, daño ambiental; el proyecto busca recuperar el ecosistema e incluirá varias plantas de tratamiento de aguas para irrigar las áreas verdes; dos viveros, un jardín botánico y un criadero de ahuautle, ciclopista, huertos de árboles frutales, sistemas de captación de agua de lluvia y de energía solar, área de reforestación y de anidación. Finalmente, quienes le atacan enseñan el cobre: dicen que su cercanía con el aeropuerto elevará la plusvalía de los terrenos. En realidad lo critican porque, muy probablemente, algunos ambiciosos que esperaban especular con esas tierras hoy ven con molestia que serán destinadas a beneficio social. Para ellos la tierra es para los ricos, nunca para los pobres, a quienes se desaloja, a veces violentamente, para establecer desarrollos urbanísticos, residenciales o comerciales. El CERAO es otra cosa: un ejemplo de cómo puede gobernarse en beneficio de las mayorías depauperadas.

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