Cuando para el lunes pasado, 6 de mayo, se convocó con carácter extraordinario y diríase de urgente a senadores y diputados federales integrantes de la comisión permanente, instalada seis días antes, se prendieron los focos rojos de la maquinaria de la negociación legislativa que se orientaba a cumplir un deseo, por usar un eufemismo, de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que el presidente le apostó todo a concretar la promesa de campaña de abrogar a la que calificó “mal llamada” reforma educativa, la que se aprobó en 2013 y que fue severamente combatida por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y le costó la libertad a la maestra Elba Esther Gordillo Morales.

Para aprobar a la impulsada en el esquema de las reformas estructurales convenidas en el Pacto por México con todos los partidos políticos con registro, Morena apenas escindida formalmente del Partido de la Revolución Democrática, el naciente gobierno de Enrique Peña Nieto operó la negociación con ese singular ánimo de pactar hasta con el mismo diablo.

El objetivo era demostrar fuerza, ánimo democrático –aunque el bono democrático de Peña Nieto estaba intacto, en ese momento– capacidad de negociación y, sobre todo, liderazgo del entonces presidente de la República que sufría los embates de la descalificación, la difamación y calumnias esparcidas en las redes sociales que Alejandra Lagunes no pudo, no supo o no quiso combatir.

Bien. La historia cíclica y aleccionadora que, no obstante muchos gobernantes no entienden en toda su extensión, demostró con el paso del tiempo que la ausencia de voluntad política por madurar y consolidar a aquellas reformas estructurales derivó en bandera de campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien combatió con todo tipo de calificativos a la educativa, la laboral, la energética y la de telecomunicaciones, por citar a las centrales y emblema de la administración de Peña Nieto.

Pero, fue especialmente terco en el caso de la educativa al grado de prometer, con esa ligereza que le caracteriza, la libertad de docentes que habían ido a parar a prisión con juicios documentados y respaldados con pruebas, como el ataque a vías de comunicación, alteración del orden público y perjuicios a terceros, por citar algunos.

¿Hubo quienes fueron a prisión por razones políticas? Sin duda, como fue el caso de Gordillo Morales, quien como suele ocurrir al final de una administración sexenal, prácticamente la amnistiaron en una negociación entre entrante y saliente, y hasta sus bienes incautados le fueron devueltos.

Pero, el entonces candidato en su periplo electoral por el Istmo, zona de alta influencia y cónclave de la CNTE, prometió reinstalar en sus empleos a los profesores despedidos por acumular más de tres ausencias al trabajo a dar clases al grupo.

En fin, López Obrador ofreció hasta el maná al magisterio disidente y, por supuesto, amarrado a la abrogación de la reforma educativa de 2013 porque entrañaba un carácter punitivo y más que reforma educativa era laboral y administrativa. Sin duda tenían razón en acusar a esa enmienda constitucional de ir en perjuicio del magisterio, aunque no todo el magisterio, más de un millón de docentes apoyó esa descalificación, pero sí se desbordó con su voto favorable al entonces candidato presidencial de Morena.

Y, una vez investido presidente de México, López Obrador envió la iniciativa de contrarreforma educativa a la Cámara de Diputados, en diciembre del año pasado. La revancha, deseo personal o como se le quiera llamar a ese capricho voluntarista del tabasqueño, caminó entre lo deseable y lo real entre las fuerzas políticas representada en el Congreso de la Unión.

De los 500 diputados federales, 258 son de Morena, 78 del PAN, 47 del PRI, 29 del PES, 28 del PT, 28 de MC, 11 del PRD y 11 del PVEM y nueve sin partido, se significó como la gran tarea que López Obrador encargó a Delgado Carrillo para lograr la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes del pleno camaral requeridas para aprobar una reforma constitucional.

Lo mismo debía ocurrir en el Senado, en el que de 128 senadores, 59 son de Morena, 24 del PAN, 14 del PRI, ocho de Movimiento Ciudadano, seis del PT y seis del PVEM, cinco del PRD, cinco del PES y una senadora sin partido, para concretar esa reforma.

Pero, en el camino se atravesó la CNTE que, con todos los elementos de una pelea arreglada, mantuvo secuestrado al palacio legislativo de San Lázaro, sin posibilidad de aprobar en comisiones el dictamen de la iniciativa negociada, acordada y consensada entre las ocho fracciones parlamentarias, incluido el PAN que no había puesto mayor reparo en apoyar esa reforma en el pasado periodo ordinario de sesiones.

Exigir que en la negociación participara personalmente el presidente López Obrador tuvo tintes de esa negociación acordada de antemano precisamente para impulsar la imagen de Andrés Manuel convirtiéndolo en el adalid de la democracia, un político que cumplía su palabra empeñada en campaña.

Así que esa marchas y el cerco al palacio legislativo de San Lázaro no pasó a mayores y de pronto los beligerantes profesores disidentes dieron una tregua para que en comisiones los diputados aprobaran el dictamen de la reforma que luego llevaron al pleno y lo aprobaron con la renuencia del PAN, que se sintió ofendido por no haberse tomado en cuenta sus propuestas de cambio en el dictamen.

Pero, bueno, el caso es que la minuta de la referida reforma llegó al Senado, donde el coordinador de la bancada senatorial de Morena Ricardo Monreal cabildeó con todos los coordinadores, encontrándose nuevamente con la postura contraria de Acción Nacional; pero aun así, la previsión del último día de sesiones indicaba que habría mayoría calificada para aprobar el dictamen.

La realidad fue otra y por un voto ausente no fue aprobada. El senador Salomón Jara carga con el estigma de haber sido el causante de ese desaguisado que devino en devolver la minuta a la Cámara de Diputados, donde finalmente ayer fue nuevamente aprobada y enviada al Senado para su aprobación y enviada a los congresos estatales, en una apuesta por lograr que, a más tardar el 14 de este mes, víspera del Día del Maestro, sea declarada y Andrés Manuel la pueda promulgar.

Para llegar a este final de telenovela, la negociación requirió de la participación y anuencia del PRI, en la Cámara de Diputados y en el Senado, en calidad de bancada o partido gozne que permitió la mayoría calificada, junto con legisladores de Movimiento Ciudadano.

¿Qué negociaron? ¿Qué obtuvo René Juárez Cisneros, coordinador de los diputados priistas? ¿Qué logró Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano? Sin duda no fueron promesas o una invitación a cenar.

Juárez Cisneros, exgobernador de Guerrero, exsenador y exdirigente nacional del PRI, aunque por breve tiempo, es un político completo, negociador, que la noche de ayer, cuando la reforma educativa había sido aprobada en lo general, habló en conferencia de prensa al lado de sus seis pares y en ausencia de Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN, que no fue convocado ni siquiera a la negociación que hubo en la víspera en la oficina del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

“Y termino con un ejemplo –citó Juárez Cisneros– muy chusco, muy práctico, muy claro como yo entiendo esto. Miren, en diciembre nos llegó un chivito, con tres patitas, primero le metimos la mano, acordamos cosas y lo convertimos en un caballo, y eso fue lo que aprobamos, criollo, tuvimos un esfuerzo adicional, ese lo convertimos en un caballo cuarto de milla, no, no logramos un pura sangre.

“Política, la política es el arte de lo posible y pido una disculpa a los chivitos y a los caballos”. Juárez Cisneros votó a favor de la reforma educativa en 2013, impulsada por Enrique Peña Nieto. Y volvió a votar a favor, ahora de la contrarreforma educativa de Andrés Manuel López Obrador.

“En el PRI –acotó Juárez Cisneros– votamos a favor, convencidos de que decir no a todo, negarse sistemáticamente a todo por ser oposición, es lo más fácil. Votamos por convicción y en un acto de congruencia. En política, en política se busca siempre lo posible, no lo deseable”. ¿El chivito no pudo crecer a pura sangre? Bueno, López Obrador debe al PRI una reforma educativa posible, no deseable. Y más temprano que tarde se sabrá qué medió entre el chivito y el cuarto de milla. Conste.

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