El pasado jueves 12 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la votación para aceptar o rechazar la iniciativa que reforma el código penal local en materia de interrupción del embarazo. Dicha iniciativa entró a discusión en el Congreso el 21 de marzo de este año, en manos de legisladores y legisladoras de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Encuentro Social (PES).

Durante la sesión, que se transmitió en vivo en redes sociales, estuvo presente el diputado Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis; la Marea Verde de Hidalgo y grupos provida. En asamblea, ocuparon asiento 30 legisladores y legisladoras, en donde con 15 votos en contra, 10 a favor y 5 abstenciones, no solo pisotearon los derechos de las mujeres, sino que desecharon la iniciativa de ley.

Durante la sesión, tomaron el micrófono dos legisladores que aprovecharon para recordarnos que el Partido Acción Nacional (PAN sigue siendo un partido de derecha, exigiendo que se escuchara la opinión de la ciudadanía con respecto al tema, es decir, escuchar los cánticos provida, ignorando a los grupos feministas y no feministas que están a favor de la despenalización, pasando por alto la evidencia de que los grupos pro-vida no han entendido de qué se trata la iniciativa de ley.

Sus argumentos se sustentan en “salvar las dos vidas”, entendiendo por vida un óvulo fecundado y asumiendo que la frecuencia de las interrupciones aumentará según se despenalice, cuando países como Estados Unidos y Canadá han demostrado lo contrario.

La ley exige la despenalización, es decir, las mujeres que necesiten acceder a servicios de interrupción de embarazo lo podrían hacer sin miedo a ser criminalizadas o revictimizadas sin poner en riesgo su vida y su salud reproductiva, no abortos obligatorios todos los viernes.

El aborto no es un método anticonceptivo, es la última opción frente a un embarazo no deseado y es un proceso sencillo hasta las doce semanas de gestación, ya que puede realizarse de forma cómoda y segura.

Para ello, es necesario determinar por medio de un ultrasonido vaginal, si se trata de un embarazo normal o ectópico, es decir, que el cigoto se haya implantado fuera del útero, en este caso es necesaria una intervención quirúrgica y no puede realizarse de forma médica.

En el primer caso, la intervención se realiza con el medicamento conocido como misoprostol, que es de libre venta en farmacias y cuyo precio ronda los 600 pesos. El medicamento debe tomarse con precisión en dosis y tiempos, en los sitios web de Planned Parenthood, Women on Web, International Women’s Health Coalition y el Fondo María, se encuentran instrucciones detalladas para su uso correcto, estas instituciones se dedican a velar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y cuentan con información confiable sobre el tema.

Los síntomas del inicio del aborto incluyen: diarrea, vómito, náuseas, dolor abdominal, cólicos fuertes y por supuesto, sangrado. Algunos de sus riesgos son las infecciones o los abortos incompletos, de ahí la importancia que se lleve a cabo en un lugar seguro y limpio, con acceso a servicios sanitarios profesionales y efectivos.

De ser realizado de forma correcta, el aborto con medicamentos presenta una tasa muy baja de complicaciones. Los cuidados posteriores dependen de la semana en la que se realice la interrupción, pero incluyen el reposo, el cuidado alimenticio y la abstinencia sexual por un periodo aproximado de 30 días.

Después de la interrupción, el ciclo menstrual vuelve a la normalidad y las mujeres no pierden la capacidad de embarazarse. El proceso puede llevarse a cabo en casa, sin necesidad de permanecer en el centro de salud y sin que las mujeres tengan que exponer sus casos de violencia ante un sinnúmero de personas.

Además, permite que cada una decida, como dice la Constitución, el número y espaciamiento de las hijas e hijos que desea tener.

Se ha comprobado que las mujeres que abortan de forma voluntaria no sufren de alteraciones emocionales después de la intervención, contrario al caso de las mujeres que son obligadas a parir, que suelen presentar depresión postparto y sentimientos de rechazo al infante.

Otro de los argumentos en contra de la interrupción del embarazo en servicios sanitarios públicos es que se pagan con los impuestos de la población.

En México existen tres fuentes de ingresos para el gasto público: la primera es la venta de petróleo, la segunda son las divisas y la última son los impuestos de los contribuyentes.

Para entender cómo se distribuyen los presupuestos y los ingresos, primero sería necesario revisar los decretos de la Ley de Ingresos de la Federación para conocer qué tipo de recursos se destinan a las instituciones sanitarias y después, entender que sería imposible saber si los impuestos se están utilizando para pagar el uso de una cama en un centro de salud, el salario del personal o un aborto.

En tercer lugar, uno de los diputados que tomó la palabra después de la lectura de la iniciativa aseguró que los servicios de salud en México son insuficientes e ineficaces y que sería imposible atender a las mujeres que desean acceder a un aborto seguro.

Con esta declaración no solo está echando por tierra el esfuerzo diario del personal sanitario mexicano, sino que además está faltando a su obligación como legislador de buscar la superación de diferencias y el establecimiento de medidas generales que garanticen la seguridad y el bienestar común, criminalizando a las mujeres, incluso a aquellas que lo han hecho de forma espontánea, sin desearlo, en lugares públicos.

Este Congreso le ha fallado al estado, les ha fallado a las mujeres y les ha fallado a niños y niñas que viven en ciclos interminables de violencia, que heredan la pobreza de sus madres y que son víctimas de abandono.

Este Congreso puso sus intereses personales por encima de los derechos humanos de las mujeres; nosotras no olvidamos y quien se atreva a traicionar al pueblo que representa, deberá someterse a denuncia y juicio.

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