Desde hace poco menos de dos años ya, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ha sufrido cuestionamientos y ataques reales que merman su labor, dañan su reputación y distraen su función primordial: educar para crecer y remontar la pobreza material y de espíritu a través de la educación. Primero, a fines de 2017, fue el ataque a su autonomía. Hoy, son las acusaciones no fundamentadas de lavado de dinero.

La pregunta clave de este escenario oscuro y truculento para las audiencias es ¿qué tanto y qué tan bien nos informan los medios de difusión masiva? ¿Se cumple el precepto constitucional del derecho a la información equilibrada, objetiva y veraz para la sociedad?
Todo tema tiene claroscuros, pero estos dos hechos relativos a la universidad de Hidalgo dejan y abren paréntesis enormes de duda, alarma y necesaria reflexión, porque los derechos del público de los medios es un bien inalienable a cualquier sociedad sana y fortalecida en la democracia, o en la aspiración a ella. Sin embargo, la forma en que recibimos noticias de los hechos deja mucho que desear y nos alerta sobre el fondo de este estilo y formato para posicionar la información: objetivos políticos antes que la genuina misión periodística de ofrecer datos, pero también opinión para cumplir una verdadera labor social y profesional.

El repaso de la dinámica de los dos sucesos mencionados ilustra y alarma.

Hace año y medio, octubre de 2017 para ser exactos, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo vio amenazada su autonomía con el decreto 228 (Diario Oficial, 9 de octubre de 2017), que se conoció como la Ley Fayad, que pretendía modificar la Ley Orgánica de esta universidad para que el Congreso del estado designara un órgano interno de control (capítulo 21), cuya función en general sería verificar el adecuado gasto de los recursos públicos asignados, así como prevenir, investigar y calificar actos u omisiones administrativas de servidores y exservidores públicos, entre otros. En suma, evaluar el desempeño administrativo y financiero de la universidad. Unos meses después, febrero de 2018, la universidad de Hidalgo obtuvo un amparo contra este decreto y finalmente en octubre de 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor de la preservación de la autonomía de esta universidad y con ello sentó precedente para que este derecho inconmensurable de las universidades públicas y de la sociedad misma se respetara: autogobierno, autogestión administrativa, autoorganización académica y autonormación.

El resultado favorable a la universidad no tiene que ver con la suerte, sino con un trabajo y movilización amplios de sus representantes y su comunidad; tampoco tuvieron que ver el periodismo y la información, porque los medios locales y aún en los nacionales reportaron de una forma parcial y sesgada que polarizó antes que ofrecer herramientas de conocimiento contextual y de consecuencias si se modificaba la ley para intervenir en el desempeño de esta institución de educación superior. Tampoco los medios profundizaron informativamente en las implicaciones de estas medidas, no se ofrecieron reflexiones sobre las motivaciones políticas de esta iniciativa y menos aun se abundó en antecedentes sobre universidades que no cuentan con esta figura y sus consecuencias. Vaya, el periodismo se agotó en los dimes y diretes de los protagonistas y no en las causas, ni en los efectos.

El segundo caso: los primeros días de marzo de este año la universidad de Hidalgo se enfrenta a un nuevo desafío y ataque porque se le acusa de lavado de dinero. A dos meses de la primera noticia se bloquean sus cuentas y se pone en riesgo su funcionamiento y tarea: enseñar, formar y profesionalizar a miles de jóvenes hidalguenses y de otros estados del país.

La información periodística nuevamente repite la fórmula consabida de sesgar la información. De hecho, el primer dato sobre el tema es una filtración del conductor Carlos Loret de Mola; no medió una notificación. Oficialmente todo fue a cuentagotas y este mes de mayo se repite el esquema que revierte el principio de los derechos humanos máximo: presunción de inocencia hasta no demostrar lo contrario. Es decir, presunción de culpabilidad hasta que no se demuestre lo contrario.

Un nuevo embate contra esta institución educativa y el mismo papel de los medios hacia su público: solo flashea escándalo y escarnio. No investiga ni cuestiona los procesos y procedimientos, para ofrecernos como sociedad y público de los diferentes medios, información veraz, documentada y objetiva.

Los derechos de las audiencias, de los lectores, del público de redes, se obvian o se olvidan. ¿Se ignoran en ambos sentidos? En papel y discurso suenan bien, en la realidad no se concretan, no se respetan, no son realidad. Como botón de muestra, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

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Josefina Hernández Téllez
Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.