El secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública Juan de Dios Pontigo Loyola y el encargado de Seguridad Pública Mauricio Delmar salieron a defender ayer la posición en la que está la entidad respecto a la comisión de delitos registrada en todo el país. Decidieron ponerse otros lentes para enfocar las cifras que dio a conocer el lunes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Y así, presentaron sus datos a reporteros de la fuente, quienes escucharon que, de manera global, Hidalgo tuvo en 2019 una incidencia delictiva menor a la de 2018, pues fueron contabilizados mil 472 delitos menos. Eso, precisaron los funcionarios, arrojó una disminución de 3 por ciento respecto al 2018. Incluso para reforzar la idea de que en Hidalgo las cosas no marchan mal, nos compararon con los estados de México y Guanajuato, donde la situación es peor. Y claro, si uno compara los 49 mil 750 delitos del fueron común registrados en Hidalgo frente a los 337 mil 906 ilícitos consignados en el Estado de México o los 137 mil 658 correspondientes a Guanajuato, entonces sí, las cosas no parecen estar tan mal. Pero también hay que tener en cuenta que mientras la entidad tiene 2.8 millones de habitantes, el Estado de México tiene 16.19 millones (más de cinco veces la población hidalguense) y Guanajuato tiene 5.8 millones (3 millones más que la entidad). Eso, sin contar que tanto el Estado de México como Guanajuato están entre las entidades más violentas del país. Comparar, en efecto, es muy útil para dimensionar de qué tamaño es el problema, pero el diablo a veces está en los detalles. Por eso, cuando se analizan las cifras en lo particular, no es posible ocultar lo que nos dicen. Y en el caso de Hidalgo, no puede minimizarse el crecimiento de delitos de alto impacto como secuestro (43 por ciento), homicidio (41 por ciento), narcomenudeo (56 por ciento), y los delitos contra la libertad y seguridad sexual (22 por ciento). De filón. Continúa la controversia respecto al caso ITAIH. Resulta que mientras el diputado Jorge Mayorga Olvera acusó fallas en el proceso de designación de comisionados del organismo y consideró que debió suspenderse el proceso, en contraste, la presidenta de la comisión de transparencia y anticorrupción Susana Ángeles Quezada negó que exista conflicto de interés y también sostuvo que no hubo “afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

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