Gustavo Alberto de la Cruz era un adolescente que acababa de ingresar a la secundaria y a diario se despedía de su madre con un beso o un abrazo al partir rumbo a la escuela, no sin antes recibir las indicaciones de cuidado que todo padre suele dar a sus hijos para que estos regresen con bien a casa. Pero el 21 de marzo del 2007 algo pasó, esa tarde Gustavo no regresó a su casa y lo que comenzó como una preocupación se convirtió en un dolor que lleva más de 11 años para su familia.
Al día de hoy, Gustavo sigue desaparecido al igual que 58 menores de edad en Hidalgo y 6 mil 331 en todo el país; sin embargo, su madre, quien ha recorrido cientos de procuradurías, visitado Semefos de diversos estados y caminado hombro a hombro con los padres de esos niños y jóvenes, refiere que su búsqueda no concluirá hasta encontrar a su hijo o hasta que la muerte se lo impida.

El dolor de perder a un hijo, sobre todo sin saber si sigue aún con vida, es algo que Gregoria conoce muy bien a más de 11 años de la desaparición de su hijo Gustavo, un adolescente de 12 años, tranquilo pero sociable como ella misma lo describe, que desapareció el 21 de marzo de 2007 al salir por la tarde de la secundaria general uno en Pachuca y de quien a la fecha sigue sin tenerse algún dato.

En la sala de su casa, una fotografía familiar con un montaje de Gustavo se encuentra colgada para que siempre esté presente

Una ausencia que duele en el alma

 

En su casa, ubicada en la colonia Anáhuac, muy cerca del asta bandera, Gregoria relata entre suspiros y conteniendo el llanto, cómo fue que aquel día se convirtió en el último en que vio a su hijo luego de darle dinero para su pasaje y después de que este le ayudara a poner un puesto que atiende afuera de una escuela.

Cuenta que ese día fue normal, como cualquier otro, hasta que las horas comenzaron a pasar y Gustavo no regresaba del colegio, por lo que en compañía de su hija mayor salieron a buscarlo por los alrededores, a preguntar con vecinos, a llamar a los compañeros, pero nadie parecía tener pista del joven, fue entonces cuando acudieron a las autoridades en espera de ayuda; sin embargo, la Alerta Amber, que se utiliza para acelerar los procesos de búsqueda de menores de edad, aún no se implementaba en México, por lo que los agentes del Ministerio Público acudieron tres días después de los hechos al domicilio de la familia para comenzar las averiguaciones.


Los días continuaban pasando y las investigaciones de las autoridades no arrojaban ningún resultado; dos anónimos llegaron a las dos semanas, refiriendo que Gustavo había sido secuestrado y pedían 60 mil pesos para su liberación; no obstante, tras entregar el dinero en la parte convenida por los supuestos secuestradores, estos nunca recogieron el rescate y tampoco el joven regresó.

Desde entonces, poco más de 11 años han pasado y lo único con lo que cuenta la familia es un mechón de cabello que presuntamente enviaron los secuestradores, mismo al que no pueden realizarle pruebas de ADN debido a que no son de raíz; asimismo, existe el indicio de un posible sospechoso a quien en este tiempo no han podido comprobarle nada y, finalmente, en la sala de su casa, una fotografía familiar con un montaje de Gustavo se encuentra colgada para que siempre esté presente.

Pero todo ese tiempo no ha sido suficiente para que Gregoria deje de buscar a su hijo, pues afirma que solo muerta dejará de hacerlo; por desgracia, ella no es la única madre en esa situación. Con tristeza, plática cómo todos estos años ha recorrido cientos de kilómetros en compañía de otras madres que al igual que ella sufren la misma pena.
“Desde el comienzo se acercaron a nosotros diversas organizaciones civiles de familiares de desaparecidos y comencé a acudir a marchas, solo que en un principio éramos alrededor de 15 o 20 personas, pero ahora son miles de familias que buscan a sus seres queridos y cada día son más” narra.

Asimismo, Gregoria declara de qué forma buscó muchas veces la ayuda de las autoridades estatales, misma que solo se concretó a publicar, en aquel momento, la noticia de la desaparición de su hijo en todos los periódicos, pero tres ministerios públicos han pasado desde entonces y siempre le dan la misma respuesta, “primero deben empaparse del caso”.
“En ese tiempo fui con el procurador Alberto Rodríguez Calderón y le suplicaba ‘entiéndame, no se me perdió un carro, se me perdió un hijo, si fuese el suyo seguro movería cielo, mar y tierra para encontrarlo’, pero no me hacía caso. En otra ocasión me prometieron una lona para colocarla en la feria, incluso sacaron la noticia en los diarios del apoyo que me darían, pero nunca me la dieron.”

Son más de 11 años de búsqueda incansable los que ha vivido Gregoria, tiempo en el que además ha conocido a miles de familias que, como la suya, viven incompletas desde que perdieron el paradero de sus seres queridos; sin embargo, todos estos años no han sido en vano, pues aunque no ha logrado encontrar a su hijo, formó un colectivo llamado Red de Madres Buscando a sus Hijos, el cual le ha permitido compartir experiencias y colaborar de cerca en casos similares, como el de los padres de Yuliza Palacios Monroy, la menor de ocho años que desapareció en septiembre de 2013 en Mineral del Monte y quien, al igual que Gustavo, sigue desaparecida al día de hoy.

Desde el comienzo se acercaron a nosotros diversas organizaciones civiles de familiares de desaparecidos y comencé a acudir a marchas, solo que en un principio éramos alrededor de 15 o 20 personas, pero ahora son miles de familias que buscan a sus seres queridos y cada día son más”

 

Solidaridad, la mejor defensa ante la desaparición

Aunque del fuero federal el caso de Gustavo Alberto es la única desaparición pendiente de un menor de edad en Hidalgo, del fuero común hay 58 casos registrados, por lo que en total existen 59 niños y adolescentes que se perdieron en el estado y continúan sin ser localizados del 2005 a la fecha.

Y, si bien es cierto que dichas cifras no son tan altas como en otros estados de la República, la realidad es que se trata de vidas y así fuese solo un caso es necesario tomar acciones, así lo considera la directora de la organización civil Servicios de Inclusión Integral (Seiinac) Diana Avilés Quezada.

“Aunque fuera un caso es un tema bastante complejo; existe una dependencia encargada de la desaparición de personas, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros como organizaciones civiles es voltear a ver a esas instituciones y ver cómo están abordando el tema de desaparición y de trata para saber cómo fortalecerlas.”
No obstante, Diana explica que lo más importante, lejos de si las autoridades realizan o no su trabajo en la búsqueda de desaparecidos, es aprender a cuidarnos entre nosotros y comprender que la protección de nuestra integridad, sobre todo en el caso de menores de edad, debe ser una responsabilidad compartida entre todos los integrantes de una sociedad.


“Creo que como sociedad necesitamos concientizarnos, comprometernos, porque al final también llevamos cierta responsabilidad de la impunidad o de que esas cosas se lleven a cabo, porque no levantamos la voz y porque no participamos, hemos perdido ese sentido de colectividad y debemos recuperarlo por nuestro propio bien y el de nuestras familias.”
Además, refiere que todos debemos participar para exigir que esa problemática se atienda, no solo las familias de quienes desaparecieron, pues como sociedad “también tenemos una responsabilidad con esas personas. Tenemos que exigir que a esos papás y mamás, que no han tenido respuesta de qué pasó con sus hijos, les garanticen su derecho a la verdad para que no vivan todo ese tiempo sin saber qué les pasó, porque eso es parte de nuestro acceso al derecho a la verdad”.

Finalmente, Diana pide no solo a los padres y madres, sino a toda la comunidad en conjunto, no ser indiferentes ante ese tipo de casos ni tampoco discriminatorios, pues explica que en muchas ocasiones las personas opinan sin tener certeza de los hechos o conocimiento de un caso.
“En ocasiones, cuando se trata de adolescentes mujeres, para la gente es fácil decir ‘de seguro se fue con el novio’, pero cuántos de esos casos en realidad pueden ser trata de personas o explotación sexual, entonces, no podemos ser omisos y pensar que acá no pasa mucho, quizá sea solo un caso, pero ese caso está causando dolor a una familia y solo por eso debemos apoyar.”

Cifras que alertan

 

+ Según el último reporte
del Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), correspondiente a enero de este año, en Hidalgo existen 59 menores de edad que desaparecieron de 2005 a la fecha; 58 corresponden al fuero común y uno al federal

Las edades van de uno a 17 años, siendo el mayor número los de 15

La mayoría desaparecióentre las 12 y las 14 horas, cuando regularmente ocurren las entradas y salidas de escuelas

 

+ Los lugares de mayor incidencia
en la entidad son Pachuca con 16 casos, Tulancingo con siete y Mineral de la Reforma también con siete

El año con más incidenciaen desaparición de menores en Hidalgo fue 2012, cuando se registraron 13 casos

Según la Unicef, en México muchos niños son plagiados para fines de explotación sexual, laboral o tráfico de órganos

 

+ En junio de 2015, la ONU
recomendó a México revisar la estrategia de combate al narcotráfico porque afectaba el bienestar de los menores de edad, pues impactaba en delitos como homicidio, desaparición y reclutamiento forzado

 

 

+ Sin embargo, dichos datos

no concuerdan con los que ofrecen algunas organizaciones civiles como la Red de Madres Buscando a sus Hijos Desaparecidos o la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos en México, quienes aseveran que de 2004 a la fecha son más de 40 mil los casos

  • En el país, según cifras oficiales, existen 6 mil 331  casos de menores de edad desaparecidos
  • Del total de  jóvenes  y niños desaparecidos en el estado, 20 son hombres y 38 mujeres

 

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