La participación de militares en acciones para salvaguardar la seguridad pública ha sido controvertida desde que el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció su guerra contra el narcotráfico durante el inicio de su administración. Desde el Congreso de la Unión se ha buscado regular la participación de las fuerzas castrenses y justamente las reformas que sustentan la Guardia Nacional van dirigidas a poner claras las reglas del juego. Aunque no es tan sencillo. Al ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador uno surgido de un movimiento con raíces en la izquierda mexicana, los ojos de la opinión pública están puestos en la forma en que pueda utilizar la fuerza pública, máxime cuando hay elementos del Ejército. Por eso, la orden del presidente ha sido clara: debe evitarse cualquier agresión a civiles en particular cuando hay participación de “pueblo uniformado” como se refiere López Obrador a los soldados. Eso ha generado que militares eviten enfrentarse a civiles, aun cuando estos últimos sean sorprendidos en flagrancia cometiendo delitos graves. Ya ocurrió en Michoacán, en la localidad La Huacana, donde militares tuvieron que regresar armas de grueso calibre a la población a cambio de que soldados fueran liberados tras ser retenidos. Ahora, ayer, ocurrió un hecho similar en nuestra entidad, en Tetepango, donde unas 200 personas acorralaron a soldados que detectaron automóviles cargados con contenedores plenos de hidrocarburo presuntamente robado. En esta ocasión, los militares se replegaron para impedir un enfrentamiento. El Ejército vive días difíciles, en medio de la línea de fuego y con las manos amarradas para defenderse. De filón. Por fin salió publicada la convocatoria y el procedimiento para nombrar a los seis integrantes del consejo estatal ciudadano de la comisión de búsqueda de personas del estado. Se argumentaron requisitos farragosos, pero que al revisarlos, no parecen ser insalvables.

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