Desde la Ciudad de México el senador Alejandro Encinas deslizó la posibilidad de iniciar un juicio político contra el gobernador Omar Fayad por actos de represión y abuso de autoridad. Se trata de un procedimiento que establece la Constitución mexicana y que se hace efectivo cuando un funcionario comete actos u omisiones “que redunden en perjuicio de los intereses públicos”, entre los que caben: ataques a las instituciones democráticas; a la forma de gobierno democrático, representativo y federal; a la libertad de sufragio y “por violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales”. Es precisamente sobre este último supuesto donde encuadraría el caso que ocupa hoy la agenda pública en nuestra entidad y que llevó ayer a los diputados electos a condenar el uso de la fuerza pública en su contra desde la sede del Senado en la capital del país. El juicio político sirve “para hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos que la Constitución establece, y que incurren en responsabilidad durante el ejercicio de sus cargos”, según el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados. Con esto, el conflicto entre los diputados electos y el gobernador Fayad escaló y ahora está en los escaños del Congreso de la Unión. Lo anterior, sin olvidar que ayer la comunidad universitaria salió al paso sobre los hechos violentos en el Congreso local y llamó a la mesura a Fayad Meneses frente a la ola de agresiones que empezó prácticamente desde que comenzó su mandato. ¿Qué camino elegirá el mandatario estatal? ¿La confrontación, seguir tensando la cuerda para ver hasta dónde resiste? ¿Seguir usando la fuerza pública, las amenazas y el uso de las instituciones de la justicia contra sus adversarios? ¿O buscará el diálogo? El mandatario debe tener presente que su gobierno tendrá que negociar con quienes golpeó el pasado 31 de julio. ¿O buscará gobernar sin el nuevo Congreso? Vaya entuerto que tiene enfrente el mandatario estatal. De filón. Y por si fuera poco, la Universidad Politécnica de Francisco I Madero (UPFIM) y el propio gobierno estatal salieron nominados entre las 266 dependencias a nivel nacional que “preocupan” por no comprobar recursos en la auditoría de 2016, hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Una raya más al tigre.

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