No hace ni dos semanas que la sociedad mexicana se conmovió, se indignó, se dolió, de la violación y feminicidio de la niña de siete años Fátima Cecilia Aldrighett Antón en la Ciudad de México, pero a los pocos días la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias (AMDA), la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC), El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México, expusieron públicamente su posicionamiento sobre las contradicciones y omisiones en la modificación a los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales en el Diario Oficial de la Federación.

¿El motivo? Nada más y nada menos que la nula responsabilidad del Estado para con la infancia mexicana al permitir que la hora familiar de transmisiones termine a las cuatro de la tarde, cuando en países de América Latina y Europa el horario de transmisión para adultos se extiende hasta las diez de la noche.

De esa forma el Estado ignora la protección a la audiencia infantil de contenidos no aptos para su formación y su integridad. La entidad encargada de ejecutar y velar por contenidos apropiados para la población es omisa e ignora los derechos ciudadanos al no atender y entender que esa es su misión.

Esta aseveración y calificación sobre el papel de esta entidad tiene historia, de acuerdo con el posicionamiento público de estas entidades civiles que trabajan por la atención a los contenidos de medios y los derechos de las audiencias:

“La subsecretaría de Gobernación emitió, el pasado 14 de febrero, otra modificación a los “Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y de servicios de televisión y audio restringidos”, publicados originalmente el 21 de agosto de 2018, para atender y ejecutar una sentencia, resultado de un juicio amparo promovido por la ciudadana Adriana Solórzano Fuentes, ex presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA).

De nueva cuenta, la secretaría de Gobernación emite los citados lineamientos sin atender el reclamo de fondo: la reducción del horario para la clasificación “para toda la familia” acotándolo a las 16 horas a partir de una política que privilegia los intereses comerciales de la industria por encima del respeto que merece el interés superior de la niñez y los derechos de las audiencias.

El 28 de febrero de 2019 el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito dictó sentencia a un amparo admitido el 10 de abril de 2017, la cual a la letra señala: “conceder el amparo y la protección de la justicia federal solicitados por la demandante en contra del lineamiento noveno de los mencionados Lineamientos, en los términos de la sentencia, por lo que la autoridad responsable deberá dejar insubsistente el mencionado lineamiento, y en su lugar emitir otro cuyo contenido sea adecuado a la política que en materia de protección a menores ha implementado el Estado mexicano y al análisis técnico del 27 de enero de 2017, realizado por Sipinna” que se debe proteger a la demandante y a su hijo en contra “del lineamiento noveno”, precisamente en el que se reduce el horario de protección con respecto de la norma de 2007.”

No obstante, esta declaración o sentencia, lo cierto es que de acuerdo con la abogada Clara Luz Álvarez, quien llevó el caso, dejó intocados los horarios cuestionados y estas asociaciones civiles denuncian que esta nula acción “solo beneficia a los medios comerciales y a las empresas alimenticias “chatarras” que buscan incorporar publicidad ajena a los intereses superiores de la niñez. Ya que de extender el horario de protección les impediría transmitir publicidad en los horarios infantiles”.

Bajo este motivo demandan a la Secretaría de Gobernación cumpla con la sentencia y sea real el lema o discurso de proteger los derechos de las audiencias, especialmente los de proteger los derechos de la niñez mexicana. Esta responsabilidad del Estado la ha olvidado o relegado y solo forma parte de momentos álgidos como el feminicidio de Fátima para “actuar”, “declarar” y “recordar la misión”, porque en los hechos poco tiempo, espacio, compromiso y actos para atender los derechos en general y los de la niñez en particular. Factura postergada y pendiente que debe pagar este Estado mexicano que cada vez se vuelve omiso en muchos temas y compromisos, sobre todo si de contenidos de medios hablamos. No bastan ya palabras, declaraciones o buenas intenciones.

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Josefina Hernández Téllez
Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.