Desde hace ya varios sexenios, en cada informe presidencial el Ejecutivo da a conocer las cifras oficiales consolidadas en materia de combate a la delincuencia organizada, conocidas como el esfuerzo nacional, el cual se integra con información de todas las instancias que participan: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Policía federal (PF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), principalmente.

Esas cifras sobre delincuencia se concentran en un trabajo estadístico compilado y validado por todas las instancias participantes, pero es rigurosamente analizado y sistematizado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada (Cenapi), una de las áreas de inteligencia más importantes de la PGR y que el nuevo gobierno no puede obviar por el papel táctico que representa para combatir el delito desde una perspectiva interinstitucional, transnacional e incluso sociológica para identificar comportamientos locales e internacionales de los grupos delictivos.

El Cenapi integra, analiza y genera productos de inteligencia sobre diversos temas de delincuencia organizada para la toma de decisiones al interior de la PGR, pero además integra las cifras oficiales que el gobierno mexicano tiene el compromiso de intercambiar con otros gobiernos y a los organismos internacionales, siempre en el marco de leyes y reglamentos establecidos para tal fin.

Eso ocurre con el Cenapi (antes Cendro), sin embargo, cualquier medida que el nuevo gobierno mexicano tenga en materia de fortalecimiento, desaparición o creación de instituciones que hagan inteligencia civil para coadyuvar en el combate al delito y procuración de justicia deberá de conocer la naturaleza de cada una de las instituciones y el papel que juegan en el logro de resultados. No se deben desaparecer instituciones a capricho, porque si México no ha entrado a una fase de falta de gobernanza, en parte ha sido por la fortaleza de muchas de sus instituciones y que en varias coyunturas han permitido resolver múltiples problemáticas nacionales.

Erradicación de la mariguana y amapola: un reto mayor para este sexenio

Los logros de erradicación de cultivos ilícitos obtenidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, reportados en el esfuerzo nacional, hacen el recordatorio al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de que hereda un reto que no se gestó con el priismo o el panismo, sino que es un problema estructural cuyo origen proviene desde la conformación histórica de los grupos delictivos en este país y que es parte de la cadena de homicidios y violencia actual en varios estados.

Para ello, las instituciones de seguridad y procuración de justicia deberán de contar con diagnósticos y análisis certeros de las regiones donde se cultivan esos productos y, desde luego, de la naturaleza de los delincuentes con el fin de implementar las acciones pertinentes para erradicar la amapola y la mariguana en el marco de las recientes reformas a la Ley General de Salud.

Durante el último sexenio (2012-2018), el gobierno mexicano reportó, según la PGR, la erradicación de 224 mil 172 plantíos de mariguana, lo cual representa 28 mil 240.7 hectáreas; mientras que en materia de amapola se reportó la erradicación de 954 mil 615 plantíos, representando 132 mil 524.5 hectáreas. Es decir, si realmente se quiere combatir la violencia en este país es fundamental implementar políticas públicas para combatir con inteligencia esas actividades, que sean sostenibles en el largo plazo y respeten los derechos humanos de los campesinos que representan el eslabón más pequeño en esa cadena de ilegalidades, particularmente en los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Sonora, donde se localizó el mayor número de plantíos ilícitos y pistas de aterrizaje clandestinas en el gobierno que recién terminó.

La delincuencia organizada reconfigura sus códigos de comportamiento con los cambios de partido en el poder político, pero de fondo es un problema transexenal que no se erradica por decreto o buenos deseos de los gobernantes. La experiencia internacional muestra que las políticas que involucran la profesionalización de las instituciones de seguridad, si se incorporan enfoques desde la prevención (salud y educación) y se implementan medidas económicas asociadas al problema, los resultados serán distintos.

Entonces, hace falta voluntad política, pero sobre todo, tomar decisiones consensuadas con los profesionales y los centros de especialistas en la materia que han dedicado años de su vida en la materia, así evitaremos ocurrencias de hablantines de la política que tanto daño han hecho a México.

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